Irá a juicio una causa de extorsión sexual

Se concretó ayer la audiencia preliminar que tiene como imputados a Nancy Beatriz Bazán y Darío Rubén Gómez. El representante de fiscalía solicitó se eleve la causa a juicio oral y público bajo la calificación legal de "extorsión dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, tres de ellos agravados por la simulación de autoridad pública, todos bajo la modalidad de asociación ilícita".

Presidió la audiencia Martín Cosmaro, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Ricardo Carreño, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Gómez fue ejercida por Viviana Barillari, y la de Bazán por Esteban Mantecón, ambos defensores públicos.

Los hechos incluidos en la acusación tuvieron lugar el 8 de abril último cuando la primera víctima recibe mensajes intimidatorios por whatsapp: “vas a pagar porque si no te escracho”.

“Tenías que pagar 3.000 pesos, pero con 2.000 estamos. Si no me pagas te mando un patrullero a tu casa”, le dijo.

La segunda víctima también fue contactada vía whatsapp el pasado 14 de abril, utilizado por la banda para ofrecer servicios sexuales, y que al frustrarse le dicen que igual tiene que pagar sino lo escrachan en las redes sociales. Se identifica como Pablo Lobos, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones local y luego deposita una suma de dinero que es retirada por Cristian Osorio Bazán.

La tercera víctima también es contactada con el fin de averiguar servicios sexuales que no concretó. “Tenés que pagar sino le aviso a mi jefe, Pablo Lobos” le refieren por teléfono y entrega dinero en varias oportunidades.

El cuarto hecho también se produce cuando la víctima es contactada por mensajes de whatsapp para ofrecer servicios sexuales, pero cuando surge que debían adelantar el encuentro y la víctima no podía, es amenazado con ser escachado en las redes sociales.

PODRIAN RECIBIR MAS DE 5 AÑOS

Calificando jurídicamente los mismos como “extorsión, dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, bajo la modalidad de asociación ilícita, tres de ellos simulando autoridad pública”, en calidad de coautores para los imputados, la Fiscalía pretende 5 años y 10 meses de prisión, en caso de recaer condena.

Por su parte la defensora de Gómez postuló que debe readecuarse la calificación legal a “amenazas coactivas” y cuestionó la asociación ilícita ya que para ello deben actuar tres o más personas.

Dijo que no se acreditó qué rol cumplió cada uno de ellos y respecto de la simulación de autoridad pública, “la simple alusión de un nombre es burda”, por lo que a su entender no se configura la simulación con la sola invocación de la autoridad.

“Mi asistido no participó en el hecho y fue Osorio Bazán quien retiró el dinero”, sostuvo.

Con argumentos similares, el defensor de Nancy Bazán sostuvo que en la audiencia de control de detención planteó que no corresponde la calificación más agravada de extorsión propuesta por la fiscalía.

“La sola simulación de autoridad pública, una mera mención a ello, no es idóneo para atemorizar a una persona”, resaltó, recordando que a raíz de la prisión preventiva que se les dictara a los imputados en la audiencia de control, “el hijo de mi asistida, Cristian Osorio Bazán, falleció en su lugar de detención a raíz de un incendio”, postulando el principio de “pena natural”.

El juez penal resolvió autorizar se eleve a juicio la causa conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal por la figura de extorsión, y no por amenazas coactivas como postularon las defensas, autorizando también la calificación de asociación ilícita ya que es viable y congruente con la acusación.

Finalmente se realizó el ofrecimiento de prueba documental y testimonial a ventilar en el futuro debate.

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