Israel comenzó con la deportación masiva de inmigrantes africanos

El gobierno de Israel comenzó ayer una deportación masiva de inmigrantes de Sudán y Eritrea a los que se les exige abandonar el país en un margen de 60 días y se les da 3.500 dólares y un pasaje de avión, medida que generó indignación en muchos sectores de la sociedad israelí, informó la prensa de ese país.

Se trata del primer paso de un nuevo plan aprobado en enero por el gobierno y que afecta a entre 35.000 y 40.000 inmigrantes.

La medida establece que la mayoría tendrá que marcharse a un tercer país o serán encarcelados indefinidamente a partir de abril en la prisión de Saharonim en el Negev o deportados a la fuerza.

Aquellos deportados por la fuerza recibirán un incentivo monetario “significativamente reducido” respecto al que reciban aquellos se vayan voluntariamente, de acuerdo con el aviso de deportación, informó el diario digital Ynet.

Los residentes africanos recibirán las misivas cuando acudan a la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras para renovar sus permisos de residencia y estas se entregarán en un primer momento a unos 20.000 hombres sudaneses y eritreos sin niños a su cargo, informó ayer el periódico Haaretz.

La medida de deportación masiva indignó colectivos sociales de Israel. Médicos, escritores, rabinos, estudiantes y sobrevivientes del Holocausto pidieron que se detenga. Incluso, los pilotos de avión dijeron que se van a negar a manejar los aviones en los que serán deportados.

Dicen, informó el diario israelí Ynet, que las deportaciones “no son éticas y dañarían la imagen de Israel como refugio para los inmigrantes judíos”.

La mayoría de los inmigrantes africanos entró clandestinamente al país por la frontera egipcia del Sinaí antes de que el gobierno israelí construyera una valla que ahora separa ambos territorios.

Según la ONG Hotline para Refugiados y Migrantes, unos 12.000 solicitaron refugio al llegar al país (cifra desde 2013, año en que se permitió hacerlo), pero 7.000 solicitudes fueron denegadas, solo 11 fueron aprobadas y el resto aún está en proceso.

“Desconocemos exactamente el número de personas que el gobierno quiere deportar”, ya que no ha dado cifras exactas al respecto, dijo Reut Mijaeli, directora de esa ONG, en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

Actualmente unos 37.000 eritreos y sudaneses residen en Israel, según datos de Mijaeli, que explica que “por ahora, las familias, las personas con vulnerabilidad, los menores de edad y la gente mayor quedan excluidos del plan, pero esto podría cambiar en el futuro”.

Alrededor de 60 eritreos internados en un centro de Holot, en el sur de país, recibieron las cartas tituladas “Nota informativa para el infiltrado que se marcha a un tercer país seguro”, en la que se da la opción de volver a su país o viajar a Ruanda si no quieren permanecer encarcelados indefinidamente, informó ayer Haaretz.

El viernes, un grupo de académicos especializados en derecho internacional señalaron en un escrito que el plan del gobierno viola las leyes internacionales de derechos humanos, la jurisdicción internacional sobre el estatuto del refugiado y el principio de no devolución e instaron a la Fiscalía a oponerse a él, informó ayer el digital Ynet.

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