Iturrioz pidió un mes, pero le dieron 10 días

Se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva por asociación ilícita en la causa IPV II contra Maximiliano González.

El juez Miguel Caviglia resolvió mantener la prisión preventiva de Maximiliano González solo por 10 días, hasta el próximo 27 de noviembre.

El hecho investigado se habría iniciado en mayo de 2019 cuando un grupo de personas, según el fiscal liderados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), identificado como Maximiliano González e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos.

Los delitos indeterminados en su cuantía y en cuanto a las conductas ilícitas a desplegar, giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.

Entre los ilícitos ideados por el clan criminal –siempre según el fiscal Iturrioz- se incluían la comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI; la venta de legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria fue variando con el transcurso del tiempo u suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones.

KILOMETRO 12

El éxito económico obtenido por los integrantes del ente delictual durante sus primeros meses de vigencia motivó que González decidiera cambios en el reparto de tareas, por cuanto se incorporaron nuevos miembros al colectivo preexistente, a fin de optimizar la operatoria venal al tiempo que le permitía permanecer al margen del contacto personal con los nuevos miembros y con los adquirentes de sus servicios.

En dicho contexto, a fines de 2019 se sumó a la banda Griselda Fanny Jonás, quien –de acuerdo a la Fiscalía- comenzó con su labor de ofrecer a distintas personas “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes todas ellas a distintos planes de viviendas sociales que el organismo construyó y construye en la zona norte de esta ciudad, más precisamente en Kilómetro 12.

Dichas carpetas implicaban que el adquirente de los favores del clan, mediante el pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000; se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.

“ADJUDICACION DIRECTA”

Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás fue sumando integrantes a la sociedad venal, los que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás quien concluía la operación.

Recibida la documentación –y el dinero- por parte del funcionario público dependientes del IPV, éste se encargaban de confeccionar las resoluciones apócrifas donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.

La sociedad delictual mantuvo su giro comercial irregular, al menos hasta el día 10/09/20 fecha en que merced a las medidas intrusivas dispuesta en estos rótulos fue desbaratada, mientras se ha podido establecer que mientras los planes de la banda estuvieron vigentes se concretaron al menos 200 operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.re

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