Facundo Jones Huala podría ser condenado a 5 años y 2 meses de prisión en el marco de la causa federal que se tramita en Bariloche. La pena surge de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

El acuerdo contempla que Jones Huala sea condenado por imponer sus ideas mediante la fuerza o la intimidación, en los términos del artículo 213 bis del Código Penal.

Según informó Infobae, el dirigente mapuche reconoció haber liderado la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El acuerdo deberá ser homologado por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, para que la condena quede formalizada.

Si se toma como punto de partida la detención de Jones Huala, ocurrida en junio de 2025, el cómputo de la pena podría extenderse hasta agosto de 2030, aunque la fecha definitiva dependerá del cómputo judicial de la prisión preventiva.

La investigación había comenzado con una acusación que contemplaba delitos de mayor gravedad. Entre ellos se encontraba la asociación ilícita y una figura vinculada con organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional.

Durante el avance de la causa, la Fiscalía había incorporado además la imputación prevista en el artículo 210 bis del Código Penal. Esa figura contempla organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional bajo una estructura de tipo militar. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre las partes dejó fuera esa acusación.

La calificación acordada es la prevista en el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.

Para ese delito, la legislación establece una pena de 3 a 8 años de prisión. En el acuerdo, las partes fijaron una pena de 5 años y 2 meses.

LA INVESTIGACION FEDERAL

Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, luego de una presentación de su libro en Bariloche. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal de esa ciudad.

La imputación inicial incluyó delitos como intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. La causa fue declarada de investigación compleja, lo que permitió extender los plazos procesales y mantener la prisión preventiva mientras avanzaban las medidas de prueba.

En mayo de 2026, la Fiscalía amplió la imputación y sostuvo que la actuación que se le atribuía a Jones Huala se remontaba a un período anterior al considerado inicialmente. También incorporó elementos vinculados con la presunta estructura de la RAM y sus conexiones con otras organizaciones.

La Cámara Federal de Casación Penal, en una resolución de julio de 2025, había señalado que Jones Huala estaba imputado por el artículo 213 bis, delito que contempla una pena de entre 3 y 8 años de prisión.

EL ACUERDO DE JUICIO ABREVIADO

El entendimiento alcanzado entre las partes evita la realización de un juicio oral y establece una pena de 5 años y 2 meses de prisión efectiva.

La defensa, representada por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, confirmó el avance del acuerdo, aunque indicó que sus alcances serán comunicados una vez que el juez federal lo homologue.

Por el momento, el acuerdo no equivale todavía a una condena firme: el próximo paso será la audiencia en la que el magistrado deberá analizar y, eventualmente, homologar lo pactado. Uno de los puntos centrales del acuerdo es el cómputo del tiempo que Jones Huala lleva detenido.

La defensa realiza el cálculo tomando como inicio el 6 de junio de 2025, fecha de su aprehensión. Con ese criterio, los 5 años y 2 meses acordados se completarían en agosto de 2030.

La pena sería de cumplimiento efectivo. La situación también está vinculada con una condena anterior dictada en Chile en 2018, que es considerada a los efectos de la reincidencia.

La Cámara Federal de Casación ya había mencionado en una resolución de 2025 la existencia de una condena extranjera computable en Argentina.

La definición del juez federal de Bariloche será el próximo paso para determinar si el acuerdo queda formalizado y establecer el cómputo definitivo de la pena.