Juez subrogante rechazó ampliar la imputación para Abel Reyna
El juez penal Mariano Nicosia actuó ayer como subrogante en la causa que se sigue a nivel local contra ocho empleados del Instituto Provincial de la Vivienda. La Fiscalía le pidió ampliar el objeto procesal por cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a lo que el magistrado no hizo lugar por las falencias que advirtió y la escasa precisión sobre los delitos que se habrían cometido.
La causa que se sigue a nivel local contra el ex delegado del Instituto Provincial de la Vivenda, Abel Reyna y los empleados Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Cónsoli y Alejo Recalde, por presuntas irregularidades en la entrega de viviendas entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tuvo un nuevo episodio ayer.
En principio no concurrió el imputado Abel Reyna y tampoco se constató justificativo alguno. Además, debido a que la juez natural, Mariel Suárez, se encuentra abocada a un juicio debió ser subrogada. A tal efecto la Oficina Judicial designó al juez penal Mariano Nicosia.
En el mismo juicio que se encuentra Suárez, el Ministerio Fiscal está representado por la fiscal general, Camila Banfi, quien tiene a su cargo la causa del IPV, por lo que ayer debió ser reemplazada por el funcionario Ricardo Carreño. La querella, en tanto, fue representada por la abogada, María Laura Martensen. Los imputados fueron asistidos por el defensor público Esteban Mantecón y la defensora pública, Lilián Bórquez. La defensa privada la ejerció Juan José Palacios.
En ese contexto, el funcionario de fiscalía solicitó ampliar el objeto procesal e imputar a Abel Reyna por los delitos de cohecho activo y pasivo, en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto que para el resto de los investigados propuso la calificación de cohecho activo y pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras, al igual que lo hiciera en la apertura de la investigación, la defensa le solicitó a la Fiscalía precisión circunstanciada de los delitos que se le atribuyen a cada uno de sus asistidos, de manera que puedan ejercer su derecho a defensa y declarar, como varios quieren hacerlo.
El juez también entendió que existe falta de precisión y advirtió una serie de falencias por lo que resolvió no hacer lugar la ampliación del objeto procesal. En consecuencia, de existir interés en el cambio de objeto procesal se deberá solicitar una nueva audiencia en lo inmediato porque la causa vence el sábado.
En principio no concurrió el imputado Abel Reyna y tampoco se constató justificativo alguno. Además, debido a que la juez natural, Mariel Suárez, se encuentra abocada a un juicio debió ser subrogada. A tal efecto la Oficina Judicial designó al juez penal Mariano Nicosia.
En el mismo juicio que se encuentra Suárez, el Ministerio Fiscal está representado por la fiscal general, Camila Banfi, quien tiene a su cargo la causa del IPV, por lo que ayer debió ser reemplazada por el funcionario Ricardo Carreño. La querella, en tanto, fue representada por la abogada, María Laura Martensen. Los imputados fueron asistidos por el defensor público Esteban Mantecón y la defensora pública, Lilián Bórquez. La defensa privada la ejerció Juan José Palacios.
En ese contexto, el funcionario de fiscalía solicitó ampliar el objeto procesal e imputar a Abel Reyna por los delitos de cohecho activo y pasivo, en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto que para el resto de los investigados propuso la calificación de cohecho activo y pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras, al igual que lo hiciera en la apertura de la investigación, la defensa le solicitó a la Fiscalía precisión circunstanciada de los delitos que se le atribuyen a cada uno de sus asistidos, de manera que puedan ejercer su derecho a defensa y declarar, como varios quieren hacerlo.
El juez también entendió que existe falta de precisión y advirtió una serie de falencias por lo que resolvió no hacer lugar la ampliación del objeto procesal. En consecuencia, de existir interés en el cambio de objeto procesal se deberá solicitar una nueva audiencia en lo inmediato porque la causa vence el sábado.