Juezas del Mercosur abogan por una Justicia más cercana “a las personas vulnerables”

El rol de las mujeres en la justicia, fue uno de los ejes de las discusiones.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, consideró que una democratización de la justicia implica “estar más cerca de las personas vulnerables, entre ellas las mujeres víctimas de violencia”.
Al clausurar el primer encuentro de Juezas de América Latina y el Caribe, en Iguazú, que convocó a 250 personas de 13 países, para debatir sobre género y Poder Judicial, Martínez consideró que hay “mucho por hacer” en el ámbito de la justicia.
Uno de los logros del encuentro fue el compromiso de abrir una oficina de violencia doméstica en Misiones, una promesa hecha al abrir la jornada por el gobernador Closs, ante la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Elena Highton de Nolasco.
La magistrada, creadora y titular de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte, había manifestado al inicio del encuentro, la necesidad de contar “con el compromiso de los poderes legislativos y los ejecutivos provinciales para que se abran oficinas en todo el país, para lo cual es necesaria una decisión de alta política”.
Highton destacó que la Corte “incorporó una política pública clara” al abrir la OVD y la Oficina de la Mujer que preside su colega en la Corte, Carmen Argibay, e insistió en la necesidad de “federalizar estas experiencias que garantizan el acceso a justicia” de las personas más vulnerables.
Al cierre del encuentro, la defensora nacional Martínez consideró que “tenemos mucho por hacer, a pesar del encomiable trabajo de la Corte, porque todavía hay una distancia entre el personal judicial, que muchas veces tienen un trato hostil con los vulnerables, entre las que están las víctimas de violencia”.
Asimismo, advirtió que “hay sentencias que no se entienden, que tampoco incorporan el enfoque de género y se sostiene el mito de que la mujer miente y no se cree en su palabra”.
Relativizar las denuncias, dilatar la causas, la falta de protección a las víctimas, la ausencia de sanciones a los victimarios, las prácticas que revictimizan a las mujeres “sobre todo entre el personal policial y judicial”, son algunas de las deficiencias que resaltó la defensora general.
En tanto, Aída Kemelmajer de Carlucci, ex ministra del Superior Tribunal de Mendoza, y una de las autoras del proyecto de reforma al Código Civil, reivindicó el papel del movimiento de mujeres, “en todos los casos que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos”, al analizar el género en los fallos de la Corte Interamericana de Justicia.
“El problema más grande para las mujeres de Latinoamérica es la interrupción del embarazo”, aseveró y destacó el fallo de la Corte nacional que al año pasado determinó que una mujer violada puede realizarse un aborto sin pasar por una instancia judicial, al asegurar que “el punto de partida de la justicia nunca puede ser `la mujer miente`”.
El rol de las mujeres en la justicia, la capacitación en género para los integrantes del Poder Judicial, las experiencias en la temática de provincias argentinas y de países de la región, el ecofeminismo, fueron parte del extenso temario del encuentro.
“Pretendo que no se minimicen las denuncias de violencia, que no se abandone a las víctimas y que se investigue adecuadamente”, aportó Higthon.
Para Martínez “es necesario seguir trabajando con valentía, en red, comunicadas y comunicados, con humildad, porque las mujeres que llegamos a ocupar cargos de poder en la justicia tenemos una doble responsabilidad en la defensa de los derechos humanos”.

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