Durante las últimas audiencias, testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal detallaron una serie de incidentes registrados a lo largo de los años previos. Entre ellos, se destacó un incendio en el sistema de baterías ocurrido en 1995 en Mar del Plata, así como fallas de propulsión y cortes eléctricos durante pruebas realizadas tras la reparación de media vida del submarino.

Uno de los puntos más relevantes del debate es la existencia de 33 tareas de mantenimiento pendientes en 2015, luego de finalizada la reparación del buque. Según se expuso en el juicio, no todas esas intervenciones fueron realizadas, lo que habría impactado en la seguridad operativa de la nave.

Alertas previas y limitaciones operativas

La prueba reunida por la fiscalía sostiene que el ARA San Juan no se encontraba en condiciones seguras de operar en 2017. Entre las principales observaciones, se mencionó una limitación para navegar a más de 100 metros de profundidad debido a dudas sobre la resistencia estructural del sistema, así como la falta de ingreso a dique seco durante más de 40 meses, cuando el mantenimiento debía realizarse cada 18 meses.

También se recordó un episodio ocurrido en 2014, cuando el submarino sufrió un blackout total que obligó a una salida de emergencia a superficie mientras realizaba pruebas en el mar.

Posturas enfrentadas en el juicio

Mientras que la querella y la fiscalía sostienen que existieron múltiples señales de riesgo ignoradas, las defensas de los exoficiales imputados reconocen que había tareas pendientes, pero aseguran que el submarino contaba con condiciones de navegabilidad.

El proceso judicial, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, busca reconstruir no solo las últimas horas del ARA San Juan, sino también el historial técnico y operativo de la nave en los años previos al hundimiento.

Con cada audiencia, el juicio profundiza en aspectos clave que podrían determinar responsabilidades en una de las tragedias más impactantes de la historia reciente argentina.