Juicio por jurados, el debate que continúa pendiente
Desde 2006, cuando se aprobó en Chubut la reforma del Código Procesal Penal, se presentaron tres anteproyectos de ley para aplicar el sistema de juicio por jurado, pero ninguno prosperó. Ante la próxima renovación de la Legislatura, el defensor general adjunto de Chubut, Alfredo Mario Pérez Galimberti, es optimista respecto de que el último anteproyecto sea reflotado. "Esperamos que la nueva Legislatura ponga manos en el asunto, o tal vez esta legislatura se despida con esta sanción del proyecto que sería histórico. No pierdo la expectativa de que se pueda sancionar el juicio por jurado", auguró. Se trata de un sistema que se aplica para delitos graves.
Tras las elecciones de hoy, las expectativas de que en Chubut se aplique el sistema de juicios por jurados, tal como ya sucede en otras provincias argentinas, se renuevan para el defensor general adjunto, Alfredo Mario Pérez Galimberti, quien hace más de 20 años promueve la implementación de ese método. Ha participado en diversos anteproyectos referidos al tema.
Luego de los comicios que definirán, entre otros cargos, quién gobernará la provincia en los próximos cuatros años y dará lugar al recambio a las bancas en diputados, la Legislatura provincial tendrá una doble oportunidad: retomar antes de diciembre el anteproyecto impulsado por la diputada provincial María José Llanes, el cual nunca alcanzó estado parlamentario, o bien que el próximo cuerpo legislativo tome como propio este trabajo y le dé nuevamente impulso a ese sistema avalado por la Constitución de 1853.
"El proyecto tiene consenso completo. Yo mismo hablé con cada uno de los diputados y están de acuerdo en instalar el juicio por jurado", afirmó Pérez Galimberti al ser consultado por El Patagónico sobre el estado actual del anteproyecto de ley presentado en 2014.
"Este sistema es sobre todo una escuela para la democracia deliberativa. Al contrario de lo que se piensa no es que hace falta tener ciudadanos preparados, sino que es una escuela de formación ciudadana. La democracia exige mayor participación, intervención en la deliberación de las políticas públicas y justamente por su horizontalidad esta es una escuela para la deliberación, porque se trata de tomar una decisión unánime que va a ser escuchada", agregó.
"Por eso esperamos que la nueva Legislatura ponga manos en el asunto, o tal vez esta Legislatura se despida con esta sanción del proyecto que sería histórica. No pierdo la expectativa que se pueda sancionar el juicio por jurado", auguró.
LOS ANTECEDENTES
DE CHUBUT
El juicio por jurado en Chubut tiene antecedentes en el origen mismo de la provincia. Fueron los propios colonos galeses que llegaron hace 150 años, quienes implementaron este sistema de enjuiciamiento que funcionó por lo menos hasta 1884, cuando se creó el Territorio Nacional del Chubut.
Incluso aún hoy se pueden ver sus antecedentes en el Museo de Gaiman, donde se conservan los libros de actas de esos debates destinados a delitos graves.
Más acá en el tiempo, su discusión se remonta a comienzos de la década pasada cuando en la provincia se comenzó a trabajar en una reforma del Código Procesal Penal de Chubut y su sistema acusatorio, que finalmente se aprobó en 2006.
Fue en ese momento cuando también se impulsó la aplicación de los juicios por jurados, que está contemplado dentro de ese nuevo Código Procesal. Según recuerda Pérez Galimberti, en esa oportunidad la Legislatura difirió de la sanción del anteproyecto que acompañaba al del Código, el cual finalmente se sancionó y en la actualidad es considerado un sistema de enjuiciamiento de vanguardia a nivel nacional.
Tras ese primer intento el silencio duró cinco años, hasta 2010 cuando el tema volvió a la tapa de los diarios con dos anteproyectos: uno oficial impulsado por el entonces fiscal de Estado, Diego Carmona y otro avalado por el Consejo de Fiscales.
En ese momento las principales críticas apuntaron al presupuesto y las garantías de los imputados y pese a que se llegó a decir que se aplicaría a principios de 2011 con un presupuesto que estaría incluido en el ejercicio del Poder Judicial y del Ejecutivo, todo quedó en la nada.
Lo mismo sucedió el año pasado, con el proyecto de Llanes, un trabajo más desarrollado y que ya contaba con las experiencias previas de Córdoba, Neuquén y Buenos Aires, provincias donde ya se han realizado más de 350 debates de este tipo, según explicó el vicepresidente de la asociación Argentina de Juicio por Jurado, Andrés Harfuch.
Precisamente, los operadores de la justicia de esas provincias son algunos de los referentes al momento de discutir la temática. De esa forma, hace una semanas, el juez de Garantías N° 5 de San Martín, Nicolás Schiavo, disertó sobre el tema en Comodoro Rivadavia.
Fue en el aula magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el marco del Primer Encuentro de Dogmática y Práctica Penal, organizado por esa casa de estudios a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Estudiantes de Derecho Unidos (EDU).
Schiavo se refirió al juicio de jurado como garantía, exponiendo sus orígenes legales y fallos, pero también respondiendo preguntas, como sucede en casi todos los casos vinculados a los prejuicios con los cuales convive este sistema de enjuiciamiento.
"Las preguntas son estandarizadas, vinculadas a si ¿la sociedad está capacitada para juzgar?, ¿qué pasaría en un caso si habría mucha presión mediática?", señaló Schiavo desde Buenos Aires al ser consultado por El Patagónico.
"Pero la ventaja que tenemos ahora es que en Neuquén y Buenos Aires ya contamos con experiencias concretas: hay más de 40 juicios por jurados hechos y se ha demostrado que la sociedad se compromete y se desarrollan bien los juicios. Tampoco ha habido juicios que hayan concentrado la atención de la sociedad particularmente", agregó.
Según explicó, en su experiencia lo que más le llamó la atención en la aplicación de este sistema de enjuiciamiento es "el nivel de compromiso de la sociedad" y cómo cambia la opinión que la gente tiene de la justicia.
"Ingresan con una imagen de la justicia muy baja, y los diferenciales elevan muchísimo su mirada y su visión del sistema. También por encuestas que se han realizado se pudo ver que la gente comprende las exigencias morales y en términos intelectuales que impone juzgar a otro, lo complejo que es. Entonces esto mejora la administración de justicia", agregó.
EL ULTIMO PROYECTO
La aplicación del juicio por jurado impone garantías para el imputado y protección para los integrantes del tribunal. Por esta razón, el veredicto es inmotivado, es decir que no debe ser argumentado, y se resguarda la identidad de los jurados, quienes pueden incluso pedir medidas de protección en caso de que así lo requiriera, algo que también está contemplado en el último anteproyecto de ley impulsado por las diputadas María José Llanes, Alejandra Johnson Taccari y Elva Willhuber, acompañadas por sus pares Adolfo Mariñanco y Juan Luis Ale.
La iniciativa se presentó en 2014 bajo el número de proyecto de Ley Nº 74/14, y aseguraba su puesta en vigencia a partir de enero de 2015, para aquellos delitos donde la pena solicitada sea de catorce o más años, siendo prioritaria la petición del Ministerio Público Fiscal al momento de presentar la acusación.
Establecía que para que el jurado pueda ejercer su función y deliberar sobre la prueba deberían "ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho sustantivo aplicable por el juez que preside el proceso", y que su decisión sería libre e independiente.
También enumeraba los requisitos para poder ser jurado: entre ellos ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados; tener mayoría de edad; saber leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional; además de contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido o una residencia de por lo menos dos años en la jurisdicción judicial de la provincia donde el hecho sucedió.
Por supuesto marcaba excepciones, descartando la participación de quienes no se encuentren aptos física y psíquicamente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función. También a los fallidos no rehabilitados; los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera celebrado la audiencia de apertura de investigación; y los condenados a una pena privativa de libertad, multa o inhabilitación, incluidos los alimentantes morosos.
Además, excluía a quienes ejercen cargos políticos, funcionarios, miembros del Poder Judicial, gremialistas, abogados, escribanos, procuradores; y profesores universitarios de disciplinas jurídicas, médicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad en actividad; y ministros de un culto.
El sistema incluía la creación de un padrón de 1.000 personas elegidas en forma anual por sorteo y en audiencia pública, quienes al momento del juicio –para el cual se sortearía a 36 integrantes de ese padrón– se podrían excusar por razones de fuerza mayor vinculadas a la salud y la imposibilidad de tener una actuación imparcial, quedando solo 12 titulares y 2 suplentes como integrantes del jurado.
También instauraba la posibilidad de que ellos no pudiesen mantener contacto con terceros si las "circunstancias del caso lo requieran" disponiendo de alojamiento en lugares adecuados y viáticos pertinentes, siendo también un derecho laboral el poder asistir al debate.
Estos últimos aspectos fueron los más polémicos por los gastos que impondría y la dificultad para mantener la neutralidad del jurado sin que sean influenciados por la opinión pública. Aunque cabe aclarar que la cantidad de juicios que se realizan en forma anual en la jurisdicciones que ya lo aplican no superan los 30 debates, y no han sido de los más visibilizados.
Por otro se cuestionó la unanimidad de los doce jurados para llegar a un veredicto. Fue el propio procurador, Jorge Miquelarena, quien aseguró, a través de una nota enviada a la diputada, que la unanimidad dificultaría enormemente lograr una sentencia, ya que incluso podría generar el estancamiento debiéndose llamar a un nuevo tribunal.
En la misma también mencionó su posición a favor de la sanción y la necesidad de reglamentar el jurado escabinado para el juzgamiento de funcionarios públicos por delitos dolosos cometidos contra la administración pública que prevé el artículo 173 de la Constitución Provincial, dejando de lado la idea del proyecto que imponía un jurado con tres jueces técnicos y dos vocales legos.
OPINION DE LOS ESPECIALISTAS
Más allá de los ajustes que se deberían realizar, para Schiavo la posibilidad de instaurar este sistema en la provincia está latente por una sencilla razón. "Chubut es una provincia que tiene un sistema procesal penal vanguardista, que no tiene una estadística compleja y tiene un sistema dinámico", consideró.
"Es una provincia ideal para afrontar el juicio por jurado, como pocas provincias lo están. Solamente le falta una muy buena ley de jurado para continuar a la vanguardia de la justicia penal de Argentina", manifestó.
Con el coincide la jefa de Fiscales de Sarmiento, Andrea Vázquez, quien fue consultada por su opinión; y también el juez Adrián Barrios, de Trelew, quien considera "que el pueblo está en condiciones de juzgar a sus pares".
"Estamos en condiciones de poder juzgar las dos garantías, solamente que tenemos que pensar una nueva revisión de los jurados, como sucede en Córdoba (tribunal integrado por tres jueces técnicos y ocho jurados populares)", aseguró.
"Hemos sido capaces en 2006 de cambiar el sistema acusatorio, y sería una forma de cumplir con la Constitución. El Código Procesal que se viene también lo prevé, y las decisiones serían tomadas por la sociedad, que es la forma más democrática que tiene el pueblo para aplicar la justicia", consideró.
Entiende que también permitiría "mejorar la imagen tan deteriorada que se tiene de los jueces" y no tendría resistencia dentro del Poder Judicial.