Juzgaron a la banda que pedía dinero para no difundir fotos íntimas 

La integraban seis personas y al hombre que ya se encontraba aprehendido le impusieron una pena de tres años y ocho meses de prisión, de efectivo cumplimiento, más la declaración de reincidencia. En tanto, los restantes recibieron horas de trabajo comunitario para no ir a juicio.

Se llevó a cabo este lunes en Trelew una audiencia de debate oral y público por una causa de “sextorsión” mediante el uso de la red social Facebook. Los imputados son Rubén Antonio Valdéz; José Antonio Allegra Filósico; Micaela Perafán; Mariela Ríos; María Celeste Garay y Erica Jazmín Fernández. En tanto, el tribunal unipersonal estuvo integrado por el juez Gustavo Castro.

De acuerdo a la acusación pública expuesta por las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), Carolina Marín y Marina Millapi, el primer hecho ocurrió en abril de 2019 cuando Micaela Perafán, sabiendo lo que hacía, siguiendo directivas impartidas por Rubén Antonio Valdéz, contactó a un hombre por Facebook y utilizando el perfil de usuario “Giselle Sepúlveda”, mantuvo conversaciones íntimas hasta lograr que la víctima le diera su número telefónico. Siguiendo con el plan delictivo, obtuvo también fotografías muy comprometedoras.

Una vez obtenido el material, lo reenvió a Valdéz. Al día siguiente el hombre, que se encuentra detenido en el Instituto Provincial Penitenciario, se comunicó con la víctima y se presentó como Ever Sepúlveda -padre de Giselle-, y le dijo que su esposa y madre de la joven vio las fotos que este le había enviado el día anterior a su hija y que lo quería denunciar en el Juzgado de Familia, ya que su esta última tenía una discapacidad.

EL CHANTAJE

Para impedir que su esposa hiciera la denuncia y para no publicar las fotos en otras redes sociales, Valdéz lo amenazó y le exigió la suma de 9 mil pesos. Dentro de la información que manejaba la organización, tenían el teléfono de contacto de la hija menor del hombre chantajeado.

Finalmente, la víctima realizó un pago de 6.400 pesos a través del sistema Pago Fácil. La suma fue transferida a la cuenta de José Antonio Allegra Filósico. Una vez acreditado el pago, Valdéz continuó insistentemente amedrentando a la víctima quien terminó depositado 3 mil pesos más.

Con este modus operandi, la banda realizó nueve hechos de chantaje con distintas víctimas, modificando en los algunos casos la entrega de dinero, que en otras ocasiones se realizaba en persona y en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Trelew.

De acuerdo el relato fiscal, esta causa derivó de una investigación llevada a cabo por la División Policial de Investigaciones, en relación a dos causas por amenazas y de las cuales se llevaron adelante intervenciones telefónicas, allanamientos y detenciones.

JUICIO ABREVIADO Y PROBATION

Antes del comienzo del debate oral, el defensor particular Javier Romero, que asistía a Valdéz, informó al juez que junto con la Fiscalía arribaron a un acuerdo para que el caso se trate en la modalidad de juicio abreviado.

El acuerdo incluye la imposición de una pena de tres años y ocho meses de prisión, de efectivo cumplimiento, más la declaración de reincidencia. Así, Valdéz aceptó la participación en los hechos imputados por el MPF y la pena escogida además de ser declarado reincidente.

También, y como cuestión previa al inicio del debate oral, la defensora pública Zulma Manllauix, que representó a Micaela Perafán, solicitó la suspensión del juicio a prueba por dos años ofreciendo la realización de 90 horas de trabajo comunitario por el término de un año.

Luego, la defensora oficial Ángeles Nápoli, que representó a Érica Jazmín Fernández, solicitó la probation por el término de un año y seis meses a cambio de 60 horas de trabajo comunitario por el plazo de tres meses. Para su otra defendida, Mariela Ríos, la propuesta fue también de 60 horas de trabajo comunitario pero a realizar en seis meses dado el estado de gravidez de su asistida.

A su turno, la defensora oficial, Flora Mollard, que representó a José Antonio Allegra Filósico solicitó la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años y ofreció abonar 3.000 pesos por mes durante un año a una de las víctimas a través de una cuenta bancaria.

Respecto de las propuestas, la fiscal general Carolina Marín indicó que ya se había adelantado la posibilidad de aplicación de la suspensión de juicio a prueba. Agregó que no hay interés público prevalente para lo cual se pueda oponer y se dan los requisitos objetivos y subjetivos ya que no poseen antecedentes y tampoco causas en trámite, por lo que está de acuerdo con las pautas referidas. También señaló que ha puesto en conocimiento de una de las víctimas -presente en la audiencia- sobre la propuesta de la abogada Mollar, la cual aceptó.

Finalmente, el magistrado informó que respecto del acuerdo por juicio abreviado contra Valdéz, dará a conocer su decisión dentro del plazo legal pero adelantó que será homologado

En cuanto a las probation solicitadas y acordadas con el MPF, el juez Castro, tras revisar los requisitos legales para ello, resolvió otorgar los beneficios acordados.

Fuente: JusNoticias Chubut

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