Kicillof en la ONU: “Argentina quiere seguir pagando, pero no la dejan”

El titular de Hacienda recordó que la posición argentina contó con el apoyo de los gobiernos de Brasil y Francia “e incluso de los Estados Unidos”, además de diversos organismos como el MERCOSUR y el FMI.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró ayer en las Naciones Unidas que Argentina quiere pagar sus compromisos pero “no la dejan”, y advirtió que la implementación efectiva del fallo del juez Thomas Griesa pone en riesgo todo el proceso de reestructuración de deuda y a la economía argentina.
Ante los tribunales de Nueva York “hemos pedido un trato justo y no hemos tenido respuesta, solo nos han pedido buena voluntad en la negociación. No puede ser en tres días que un país pueda tener una deuda nueva de 15.000 o 150.000 millones de dólares”, dijo Kicillof al exponer en las Naciones Unidas, en una sesión a la que fue invitado por el Grupo de los 77+ China.
El ministro insistió “en la necesidad” de que el Juez Griesa imponga una medida de amparo (stay) que suspenda el cumplimiento de la sentencia que implica que el próximo lunes, cuando Argentina debe pagar los 900 millones de dólares de deuda de títulos reestructurados, deba además pagar los 1.500 millones que reclaman los fondos buitre.
“Argentina está dispuesta a negociar (con los que no entraron al canje de deuda) de buena fe, pero si de aquí al lunes que viene el juez (Griesa) no pone una suspensión de esa sentencia, la negociación se haría en condiciones muy complejas, porque habría que pagar 1.500 millones de dólares, que dan lugar a reclamos por otros 15.000 millones de dólares” de parte de otros tenedores que tampoco ingresaron al canje “lo que representa más de la mitad de las reservas” del país, alertó el ministro.
Además esa decisión judicial “abre por la cláusula pari-passu (tratamiento igualitario) la posibilidad de que el 92,4% que sí entro al canje también reclame el pago del total adeudado, por lo que deberíamos estar pagando 150.000 millones de dólares”.
“Esa es una lógica perversa” advirtió Kicillof, en su presentación, en la que estuvo acompañado por el canciller Héctor Timerman.
La sesión especial fue abierta por el presidente del G77+China, Sacha Llorenti Solás, quien advirtió sobre el accionar de los fondos buitre y leyó el documento emitido hace dos semanas por el grupo durante el encuentro desarrollado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, sobre el tema.
Kicillof, cuya exposición se extendió por espacio de 45 minutos -empezó a las 16:25 y terminó a las 17:10, hora argentina- dijo que “este fallo nos empuja a una situación de default técnico. A un sufrimiento para el pueblo argentino”.
“Nadie esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara firme este fallo con esta interpretación novedosa de la cláusula `Pari Passu`”, enfatizó el ministro, quien se preguntó “si este fallo no puede ser una forma de tirar abajo esa exitosa reestructuración” que llevó adelante Argentina a partir de 2005.

APOYO GENERAL
Recordó que la posición argentina contó con el apoyo de los gobiernos de Brasil y Francia “e incluso de los Estados Unidos” además de diversos organismos como el MERCOSUR, el FMI, y de “economistas de renombre” como Ariel Roubini y Joseph Stiglitz, entre otros.
El Fondo Monetario Internacional “había dicho que las decisiones judiciales (de Griesa) de ser confirmadas, probablemente otorgaría más poder a los holdouts, porque permitirán la interrupción del pago a los bonistas que aceptaron la reestructuración y aumentaría el riesgo que los juicios se multipliquen”, recordó Kicillof.
Destacó que la deuda “es una opresión que impide a los países salir adelante y ahora se le agrega la prácticamente imposibilidad de reestructuración bajo las reglas que impide este fallo”.
“No podemos permitir que la crisis del 2001, esa que se inició con la crisis de deuda que instauró una sangrienta dictadura militar, vuelva a ocurrir”, subrayó el ministro.

ENCUENTRO CON MEDIADOR
Los abogados de Argentina y de los fondos buitre mantuvieron el martes el primer encuentro junto a Daniel Pollack, el letrado nombrado por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, para mediar en las negociaciones que llevarán adelante el país y los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.
“Los abogados de las partes se encontraron conmigo ayer por varias horas y también se han comunicado conmigo telefónicamente en el curso de las últimas 48 horas”, dijo ayer Pollack a través de un comunicado.
El especialista en litigios financieros neoyorquino, dijo que en el primer encuentro “no se ha alcanzado una resolución” y que las partes “a través de sus abogados, acordaron mantener la sustancia de nuestras discusiones de forma confidencial para facilitar la posibilidad de una resolución futura”.

RESPALDO DE LA ONU
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) advirtió que tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de obligar a la Argentina a pagar la deuda y los intereses reclamados por los holdouts es de “vital importancia la formulación de normas y principios globales y armoniosos que guíen las reestructuraciones”.
El texto recuerda que la UNCTAD aboga desde hace mucho tiempo que se elabore un mecanismo de guía a las reestructuraciones, y confirmó que actualmente está trabajando en un “proyecto”. “Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 16 de junio de declinar la apelación Argentina contra la decisión que le obliga a pagar 1330 millones de dólares, resuena más allá de las fronteras de Argentina y Estados Unidos”.
La UNCTAD considera que el hecho de que se permita entregar información privilegiada a estos fondos sobre el patrimonio que Argentina ostenta en todo el mundo “podría provocar que se dieran otros casos similares de interpretaciones en base a leyes de Estados Unidos, Gran Bretaña o otras”. La agencia de Naciones Unidas considera que la decisión podría tener “profundas consecuencias para el sistema financiero internacional” y provocar que las reestructuraciones de deuda sean aún más difíciles “al forzar a las instituciones de servicios financieros a proveer información confidencial”.

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