La abogada Regensburger manifiesta que la jueza Zari fue acusada sin sustento jurídico

Norma Carina Regensburger es la abogada particular de Angélica Popis Zari, quien fue separada de manera preventiva en el cargo de jueza de Familia de Caleta Olivia. Es por un proceso de jury que la involucró en el caso de la presunta adopción ilegal de una beba. La letrada dijo que las acusaciones no tienen sustento jurídico y presentó sus argumentos.

Caleta Olivia (agencia).

Además de plantear que las acusaciones que pesan sobre Angélica Zari carecen de sustento jurídico, la abogada Norma Regensburger considera que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz incurrió en una “intromisión” sobre las facultades que eran competencia de la jueza de Familia, algo que también hicieron funcionarias de áreas administrativas de niñez dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, afirmó.

Regensburger señaló que a partir de comentarios “malintencionados” y “falaces” que se difundieron por redes sociales “se ha intentado generar un proceso judicial de adopción ilegal o intento de adopción con trampa”.

En un extenso informe que diera a conocer a los medios periodísticos, la defensora sostuvo: “claramente la intromisión anticipada y carente de sustento fáctico y jurídico, impulsada por Silvia Manríquez, funcionaria a cargo de la Dirección General del Registro Unico de Adoptantes de la Provincia de Santa Cruz, ante las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, ha arrastrado al máximo tribunal a incurrir en un grosero error jurídico”.

Regensburger acusa a ese cuerpo de magistrados de “entrometerse en una causa judicial a 800 kilómetros de distancia, vulnerando el principio del acceso limitado al expediente contemplado en el artóculo 706 del Código Civil y junto con ello principios constitucionales, como el de igualdad ante la ley, la privacidad y el derecho a la intimidad entre otros”.

Plantea además: “el cambio de paradigma y las nuevas figuras legales que hoy vislumbra el Derecho de Familia en el Código Civil y Comercial que nos rige desde 2015 -al constitucionalizarse la mencionada rama legal-, ha incorporado nuevas figuras como por ejemplo: la del progenitor afín, cuidado parental, amparo integral, entro otros y junto con ello la necesidad de realizar abordajes complementarios e interdisciplinarios en pos de garantizar el interés superior del niño”.

“MANTOS DE SOSPECHA”

“Lamentablemente han fallado en el contexto del caso que nos convoca, poniendo mantos de sospecha inusitados en una causa judicial en la que únicamente se buscaba encontrar una familia transitoria para una beba nacida el 22 de febrero de este año en el Hospital Zonal, hasta que su madre pudiera ser nuevamente oída al cumplirse los 45 días que regla el artículo 607 inciso b del Código Civil, hecho que acontecería el 9 de abril de este año” puntualiza.

A la vez, indica que teniendo en cuenta que la beba retornó a su núcleo biológico al cumplir alrededor de 30 días de vida “no se entiende cuál es la razón o el móvil que ha impulsado al área de niñez provincial a promover una denuncia penal que carece de sustento jurídico, y al Tribunal Superior de Justicia a promover el inicio de un jury de enjuiciamiento sin causa, puesto que hasta la fecha no han podido acreditar los delitos denunciados” en contra de Zari.

“AFECTADOS

EN SU HONOR”

Regensburger sostuvo que tanto su defendida como otros dos miembros de la Justicia que fueron separados de sus cargos por el mismo caso, como la jueza de Familia, María Alvarez y el fiscal público Walter Martínez, se encuentran “flagrantemente afectados en su honor, ante la grave intromisión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial en una suerte de absurdo jurídico”.

La letrada recordó que en el marco de la audiencia del jury de enjuiciamiento celebrada el 14 de agosto en Río Gallegos, quedaron en evidencia “las ambiguas e imprecisas causales que el fiscal ha utilizado para sostener su acusación”, las cuales “han sido desvirtuadas ante el cúmulo probatorio traído a la causa”.

En consecuencia, cuestiona: “resulta impensado inferir que jurídicamente se pueda avanzar en el camino de la destitución, salvo que lo que se esté buscando cuente con un contenido político que a la fecha no se ha blanqueado ni sincerado, lo que de alguna manera nos colocaría en un gravísimo grado de inseguridad jurídica en el ámbito de la justicia provincial”.

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