"La asociación ilícita empezó el 1 de diciembre de 2015"

En su alegato, el fiscal Marcos Nápoli se preocupó por diferenciar a los empresarios que pagaban coimas de los funcionarios que se las exigían.

En la etapa final del juicio por la causa Revelación, este martes se escucharon los alegatos de los fiscales generales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, quienes dirigieron la investigación que se centró en el pago de coimas por parte de empresarios de la construcción de Chubut a altos funcionarios del último gobierno de Mario Das Neves, como Gonzalo Carpintero, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Martín Bortagaray, Diego Correa y Alejandro Pagani.

Solo un empresario llegó a juicio por el resto se acogió a probation o juicios abreviados, consentidos por Fiscalía y avalados por el juez Sergio Piñeda.

“Esa asociación ilícita comenzó el 1 de diciembre del 2015 y coincide con la asunción del ex gobernador Mario Das Neves, aunque algunos de sus integrantes se sumaron después. Sus integrantes ocuparon lugares estratégicos y con mucho poder. Tenían un rol diferenciado y todos estaban cohesionados mediante el mecanismo común”, sintetizó el fiscal Nápoli.

En este marco, se encargó de diferenciar a los empresarios que fueron parte de los ilícitos, a quienes consideró “presionados por la situación financiera que atravesaban”, ya que solo si pagaban coimas recibían lo que les correspondía por la realización de obras públicas.

Asimismo, Nápoli agregó que luego de los allanamientos que comenzaron el 7 de marzo de 2018 con la causa Embrujo, “sospechamos que había una trama entre los empresarios de la construcción”, pero separó a tirios de troyanos. A su entender, unos se hallaban “ahogados financieramente” y otros “pagaban retornos de manera sistemática, aceitando permanentemente ese sistema ilegal”.

EL MECANISMO

El fiscal Nápoli diferenció su exposición de alegatos en siete aspectos:

1) Ahogo financiero de la provincia. “La ocasión hace a la necesidad del ilícito”, dijo al referirse a la situación general de la provincia.

2) Ahogo a los empresarios de la construcción: “Las empresas estaban débiles y eran mucho más fáciles de presionar. No les quedaba otro camino que pagar para cobrar”.

3) Retorno automático del dinero: “Había sincronización entre los organismos que intervenían en el mecanismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura, Instituto Provincial de la Vivienda”.

4) Influencia de los funcionarios: “Los integrantes de la asociación ilícita incidían en las órdenes de pago y, paralelamente, se realizaban planillas para tener el control”.

5) Compartimentos estancos: “Está relacionado con empleados de cada uno de los organismos que conocían parte del trabajo pero no el proceso general. Permitía que los empleados no pudieran sospechar en absoluto; algunos solo por comentarios no muy firmes. Esto permitió que los empresarios se manejaran con impunidad”.

6) Las pruebas con las que se cuenta: “Fue necesario analizar los hechos para ver cuál era la dirección y el interés de esa asociación ilícita que deja la marca indeleble que permite determinar que estamos frente a una asociación ilícita”.

7) El camino legal y el camino subyacente: “Con los testigos fundamentales quedó demostrado que los circuitos administrativos que se usaban eran legales. Ayer al hablar fue muy claro el contador Pablo Oca al dar detalle de que también hacía otras cosas correctamente”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut

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