En esa reunión anunció los lineamientos de su plan de gobernabilidad para los próximos dos años, lo que incluye una serie de políticas de ajuste económico.

A partir de esas expresiones, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica se pronunció en contra de la amenaza de recortes presupuestarios y en defensa de la universidad pública. Lo hace a través de un comunicado que expresa:

“Macri explicita con esta declaración su política de ajuste presupuestario sobre las universidades y la educación pública. Porque lo que hoy necesita la universidad pública es aumento de presupuesto. La Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos presupuesto, en porcentaje del producto bruto, destina a la universidad y a la ciencia y tecnología. Es uno de los países del mundo que menos presupuesto destina por estudiante. A pesar de esto los profesionales que formamos son reconocidos internacionalmente.

Al ajuste en la educación le suman la ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y contra el sistema previsional. Quieren cambiar el sistema de actualización para bajar en 120 mil millones de pesos las jubilaciones en el próximo año y además con la llamada “armonización” del sistema pretenden eliminar los regímenes especiales conquistados como -nuestro 82%y 85 % móvil.

Como docentes lo que nos preocupa y nos ocupa de estos anuncios nos lleva a defender, junto con todos los trabajadores/as, las convenciones colectivas de trabajo; junto con todos los jubilados y pensionados, el 82% móvil y un sistema estatal; y en particular, junto con todo el movimiento popular enfrentar la contrarreforma educativa enunciada por el Consejo Federal de Educación, decretada por la Secretaría Políticas Universitarias en el Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectoria Académica, y finalmente en el Plan Maestro.

Mientras que el INDEC nos anuncia que más del 30% de la población está bajo la línea de pobreza y que más del 35% de los trabajadores están en la informalidad, se propone reducir el “gasto público” en la educación, cuando esta es justamente un igualador de oportunidades dentro de esta sociedad desigual.

La baja del ‘gasto público’ en las universidades implica producir menos conocimiento, menos investigación y menos graduados. Esto es en forma directa profundizar la matriz de una sociedad desigual y menos autónoma y más dependiente de los centros de poder mundial. También rechazamos el término de ‘eficiencia’, que usa el presidente, que está extraído directamente del discurso de los organismos como la OCDE y el Banco Mundial que además de proponer la restricción de la autonomía universitaria, definen a la educación superior como un commoditie, una mercancía que se compra y vende para generar ganancias empresariales.

En términos más concretos, sobre 1 millón 600 mil estudiantes solo se otorgan 19 mil becas para quienes se “compruebe” que tienen bajos recursos, es decir, que solo el 1% de los estudiantes tiene acceso a becas.

Mientras se anuncia un tarifazo de más del 100% en el transporte, se le niega la universalización del boleto educativo por la que los estudiantes vienen luchando desde mucho antes de la nefasta noche de los lápices.

Mientras los alimentos suben más que la tasa de inflación general, los comedores universitarios siguen tan cerrados como cuando Onganía asesinó al joven estudiante Cabral hace más de 50 años.

Las bibliotecas, donde existen, están desactualizadas y las suscripciones a las publicaciones científicas recientes tanto locales como internacionales brillan por su ausencia. Para la infraestructura, nos dice el proyecto que destina solo 3300 millones de pesos, pero ellos están ligados a préstamos internacionales de la Corporación Andina de fomento.

Un capítulo especial merece el salario de los docentes universitarios hoy ‘garantizado’ en $11500, para el cargo testigo; un salario debajo de la línea de pobreza que implica, de hecho, la polivalencia y la flexibilidad laboral para poder llegar a fin de mes. A pesar de estos salarios de pobreza, los salarios ocupan más del 90% del presupuesto universitario, dejando para investigación, creación, ciencia, salud y extensión, menos de un 10% del mismo.

El señor presidente ¿pretende, acaso, reducir nuestros salarios como hizo el ministro López Murphi en 1999 o tal vez congelarlos en estos niveles de pobreza?”, resalta el documento.