La constante expansión de las empresas requiere satisfacer la demanda energética

Por Joaquín Berro Madero

En las últimas semanas se han registrado diversos cortes en la provisión de gas a numerosas empresas locales. El fenómeno no es novedoso, desde hace ya varios años durante el pico de frío invernal, el suministro de gas a grandes usuarios industriales es restringido para evitar cortes en los hogares, ávidos de mayor calefacción. Si bien darle prioridad al usuario particular por sobre las empresas es una medida lógica, ¿se podría hacer algo más? ¿A qué obedece este faltante?
Veamos primero algunos de los porqués del fenómeno. Principalmente, se debe tener en cuenta el significativo aumento de la demanda de gas por parte de las empresas y los usuarios particulares. Con un PIB creciendo al 9% interanual esto no debería sorprender. De hecho, el consumo de gas --medido en billones de metros cúbicos (bmc)-- creció a un promedio de 4% anual desde 2004, pasando de 37,9 bmc a 47,1 este año. Este es el resultado de mayores inversiones por parte de las empresas, o sea, mayor creación de empleo.
Pero no todo es “color rosa”. Al incremento de la demanda hay que acompañarla con un aumento de la oferta, y éste no fue el caso. De ahí, la necesidad de restringir el consumo priorizando a los usuarios domésticos. A medida que aumentaba la producción de las empresas locales y disminuía el desempleo, la necesidad de contar con mayor abastecimiento de gas llevó a que nuestro país recurra a la importación del combustible.
En cifras, la producción local de gas creció un 12% entre 2003 y 2006; sin embargo, a partir de aquel año se registró una merma constante que se extiende hasta este año. En el neto, hoy se está produciendo casi el mismo volumen de gas que hace diez años, en un contexto de expansión como el que se explicó anteriormente.
¿Por qué la producción de gas no aumentó? La principal causa es el “congelamiento” de las tarifas, que han permanecido en niveles similares a los de 2001. Esto es cierto para las tarifas domésticas que, subsidiadas por el Gobierno Nacional, permanecen constantes. En el caso de las tarifas industriales, ha habido diversos reajustes de tarifas en forma paulatina desde la devaluación hasta ahora.
El gobierno ha tratado de paliar el faltante de gas con diversas medidas. Por un lado, ha implementado el programa Gas Plus, que se lanzó en 2008 y por el cual las industrias deberían negociar con los productores del fluido tarifas que hoy serían el doble de las que pagan (entre 5 y 7 dólares el millón de BTU). El gas ofrecido por el programa está pensado para cubrir en primer lugar eventuales faltantes en la demanda domiciliaria. Por el otro, se ha restablecido la importación de gas desde Bolivia y, también desde 2008, se agregó la importación de gas licuado para inyectarlo en la red nacional. 
En este contexto, ahora consumimos más gas del que producimos. Nuestro país pasó de contar con un saldo positivo de producción de gas después de consumo --saldo exportable-- de 7 bmc en 2004 a un saldo negativo --necesidad de importar--  estimado en 5 bmc para este año. Por su parte, las reservas cayeron de 12 a 8 años desde 2004 a la fecha.
La relevancia de este fenómeno radica en que el faltante de gas es una peligrosa restricción para que las empresas, y la economía en general continúen expandiéndose como lo vienen haciendo en los últimos años.
En este sentido, si no se plantea una agenda más amplia que incluya la reactualización de tarifas en forma escalonada y la instrumentación de incentivos tendientes a una mayor exploración y explotación por parte de las empresas proveedoras, el “ahorcamiento” de la matriz energética local terminará afectando la producción de las empresas, esto es, afectando la generación de nuevos empleos. Vale recordar, que las empresas más afectadas pertenecen, entre otros, al sector siderúrgico, al petroquímico, al textil, al automotriz, la minería y el sector de producción alimenticia, que en su conjunto representan el 75% del empleo industrial.
Asimismo, el sector del gas no ha sido el único afectado por el incremento del consumo y el “congelamiento” tarifario. En el mismo sentido, durante los picos de julio y diciembre se registran cortes en el suministro de energía eléctrica y el sistema se mantiene gracias a un complejo sistema de subsidios que llegan a $30.000 millones --cubriendo 5 millones de hogares y 13 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense-- y la fuerte inversión pública realizada para concluir dos nuevas centrales térmicas, como son la de Yaciretá y la de Atucha II.
Desarmar el actual esquema de subsidios e implementar las mejoras que está requiriendo la matriz energética local, no es sencillo pero sí muy necesario para continuar generando puestos de trabajo formal y calificado (industrial), y así seguir erradicando la pobreza.  

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