La Corte de Mendoza citó a Cobos por las cárceles

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza citó al gobernador Julio Cobos para que informe sobre la situación de los presos en las cárceles de su provincia, por cuyas condiciones se pronunció en tono crítico la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mendoza (Télam)
El fallo, que fue confirmado por fuentes de la Corte Suprema, responde a uno anterior, que el máximo tribunal había emitido el martes último y en el que intimó al gobierno de Néstor Kirchner a que dentro de los próximos 20 días «adopte las medidas que pongan fin a la situación que se vive» en las cárceles de Mendoza, donde murieron más de 20 internos en los últimos tres años y las quejas por maltrato son constantes.
Cobos, uno de los llamados «radicales K» más convencidos cuyo nombre suena cada vez más fuerte para ser el vicepresidente de la formula que completen Kirchner o su mujer Cristina Fernández, deberá comparecer ante el tribunal mendocino el lunes a las 9.
La acordada 20.037 del tribunal de Mendoza, distribuida en Buenos Aires por la oficina de prensa de la Corte nacional, dispone que Cobos deberá informar «el grado de cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH y de los reiterados emplazamientos formulados» sobre la situación de los detenidos.
Además, la acordada solicita que se «emplace al Poder Ejecutivo para que proceda a la inmediata y urgente reubicación de los internos federales alojados en la penitenciaría provincial», como una forma de descomprimir la superpoblación en determinados establecimientos carcelarios.
El martes pasado la Corte Suprema, con el voto unánime de sus miembros, recordó la vigencia del artículo 18 de la Constitución que establece que las cárceles «serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas».
En consonancia con el fallo de la Corte nacional, el tribunal provincial ordenó «una visita de carácter extraordinaria a los establecimientos carcelarios de Mujeres, Boulogne Sur Mer y Gustavo André» y la «inmediata constatación a través de los jueces de Ejecución Penal de las condiciones de los establecimientos carcelarios».
La Acordada de la corte mendocina está firmada por los jueces Jorge Nanclares, Pedro Llorente, Fernando Romano y Alejandro Pérez Hualde.

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