La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con parte de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso presentado por el Estado al considerar que no existía una sentencia definitiva.

Con esta resolución continúa vigente la orden judicial que dispone la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas destinados a estudiantes.

El pronunciamiento se produjo después del acuerdo firmado entre el Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes, que puso fin a un conflicto por el financiamiento del sistema universitario que se extendió durante más de dos años. Según informó la cartera nacional, el entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% para el sector.

La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del CIN y de distintas universidades nacionales. En ese marco, la Justicia Contencioso Administrativa Federal había ordenado el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados a la actualización salarial desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma y a la recomposición de los programas estudiantiles.

Tras el fallo de la Cámara, el Gobierno recurrió ante la Corte Suprema luego de haber vetado la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque el Congreso insistió con su sanción y la norma fue promulgada, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. El máximo tribunal finalmente rechazó ese planteo y dejó vigente la cautelar.