Según se indicó en el blog de la Corte Suprema, la jueza Sonia Sotomayor no tomó parte de la decisión.
El máximo tribunal de los Estados Unidos se terminó inclinando por el peor de los escenarios posibles que enfrentaba la Argentina: el rechazo a hacer lugar a la apelación al fallo del juez Thomas Griesa.
El máximo tribunal tenía que expedirse sobre dos planteos de la Argentina. La primera de ellas era definir si un país incumple con la cláusula de pari passu -que obliga al tratamiento igualitario de los acreedores- si hace pagos periódicos de intereses a quienes aceptaron entrar al canje de deuda mientras no paga nada a quienes rechazaron la reestructuración del pasivo. Desde el primer canje en 2005 la Argentina cumple con sus compromisos sólo con quienes aceptaron la reestructuración.
La segunda era determinar si una corte de distrito como el juzgado de Nueva York a cargo de Thomas Griesa puede ordenar que se disponga de bienes de un país para que se pague a los holdouts aun cuando dichos activos están amparados por el Acta de Inmunidad Soberana. Griesa ordenó que se capture el dinero que la Argentina gira para pagar a los bonistas dentro del canje y que con esos fondos se pague a los holdouts
Con el rechazo de la Corte de tomar la apelación, quedó firme el fallo que benefició a los fondos buitre. Esto significa que la orden de pago a los fondos buitre dispuesta por Griesa entra en vigencia o bien que ambas partes deben negociar para alcanzar un acuerdo de pago que satisfaga tanto a unos como a otros.
La decisión del máximo tribunal pone además en peligro todas las reestructuraciones de deuda soberana que están llevando adelante los países altamente endeudados como Grecia, España o Italia.
Así la Argentina se vería obligada a pagar miles de millones de dólares por bonos caídos en default en diciembre de 2001 que fueron adquiridos a precio vil por los denominados fondos buitre.