La aprobación que el Parlamento griego dio el pasado jueves al segundo paquete del ajuste exigido por sus acreedores y socios europeos, ha abierto el camino para las negociaciones formales de un tercer rescate que deberá comenzar el lunes en Atenas.
Se trata, en cualquier caso, de un proceso de ficción negociadora, sin la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), un protagonista esencial en esta historia, ya que la aceptación de medidas de austeridad más duras por parte de Grecia tienen como contrapartida nuevas ayudas de los acreedores para que Atenas les pague vencimientos de la deuda que son inminentes.
El conjunto de los analistas económicos, financieros y políticos europeos, coinciden en que se ha abierto una fase de tensa calma en la cual tanto el país deudor como los acreedores sólo ganan tiempo hasta el próximo otoño (boreal), evitando así una traumática salida helena de la Eurozona.
Tras el primer paquete aprobado hace 10 días y que incluyó una reforma parcial del sistema previsional y una fuerte suba de la alícuota del IVA hasta el 23%, las principales medidas aprobadas el jueves pasado fueron la modificación de los procesos judiciales civiles y la ley que impone la ley comunitaria (europea) en el sistema bancario griego.
A partir del cumplimiento de estos requerimientos de Bruselas, se estima que mañana llegarán a Atenas los representantes de la ex-troika, esto es, la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE), pero no del FMI, el organismo crediticio multilateral que no está de acuerdo con el plan elaborado por los europeos y aceptado por Grecia.
Ese programa implica la ayuda de los acreedores a Atenas, si bien se desconoce el monto total de este nuevo rescate, que sería el tercero desde el comienzo de la crisis en 2010.
Las estimaciones de los expertos cuantifica en alrededor de 86.000 millones de euros las necesidades financieras griegas para hacer frente a las exigencias de pagos externos, pero no hay definiciones previas de los acreedores hasta que no se desarrollen las negociaciones.
Hasta el momento, la primera de las dos únicas decisiones relevantes por parte de los acreedores ha sido el incremento de la asistencia de emergencia de liquidez (ELA, según sus siglas en inglés) del BCE al sistema bancario griego el pasado 16 de julio, lo que ha permitido la reapertura de las entidades financieras, aunque sin eliminar el control de capitales y el "corralito" interno.
La segunda, de mayor envergadura, fue el préstamo temporal de 7.000 millones de euros por parte de fondo garantizado por la UE que ha permitido al gobierno de Atenas concretar el rescate de títulos públicos griegos por valor de 3.500 millones que estaban en poder del BCE, además de 700 millones de intereses y el pago de un atraso con el FMI de 2.000 millones. Todos pagos realizados el pasado 20 de julio.
Pero ahora se inicia la etapa más compleja y conflictiva de las negociaciones, ya que mientras el ministro de Economía griego, George Stathakis, se muestra optimista sobre un rápido acercamiento y acuerdo entre las partes, el FMI ya ha anunciado que no participará al considerar que el plan sellado entre deudor y acreedores no es viable.
En la medida en que Grecia pueda pagar los 3.200 millones que vencen el 20 de agosto, disminuyen las posibilidades de una inmediata crisis económica y/o política en Grecia, por lo que el peligro de ésta se traslada a setiembre u octubre cuando esté claro el desenlace de la negociación con los europeos.