Pocas horas después de que el presidente Néstor Kirchner interviniera el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), otro de los protagonistas del escándalo de corrupción que más preocupa al Gobierno reapareció en escena.
La empresa Skanska, sospechada de haber pagado coimas para la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur salió ayer a intentar tomar distancia del caso al adjuicar las presuntas irregularidades a «un grupo» de ex directivos de la firma.
El flamante vocero de la compañía sueca, Miguel Ritter, descartó que la empresa como tal esté involucrada en las irregularidades que investiga la Justicia.
Indicó que en el presunto pago de sobornos estuvo involucrado «un conjunto de empleados que buscaron ser el rey Midas de los negocios por un lado, y por el otro, enriquecerse por la operación».
Por otra parte, Ritter ratificó que Skanska ordenó «una auditoría de la auditoría» que puso en evidencia las maniobras y que realizó el auditor de la empresa, Claudio Corrizo.
En este contexto, expresó su esperanza de que el «daño» que sufre ahora la reputación de la compañía «pueda ser acotado», aunque admitió que en casos como el que involucra a Skanska «nunca se sabe».