La fiscalía española pide hasta 25 años de prisión para líderes secesionistas catalanes

La Fiscalía española pidió ayer 25 años de prisión para el expresidente catalán Oriol Junqueras por un delito de rebelión que también atribuye a otros líderes del fallido proceso de secesión de Cataluña, en una decisión que vuelve a escalar el conflicto entre el Estado español y la norteña región.

El Ministerio Público considera en las conclusiones provisionales de su esperada resolución que Junquera y otros nueve dirigentes cometieron rebelión, uno de los delitos más graves, penado hasta con 30 años de cárcel, pese a que su criterio fue cuestionado por la justicia belga y expertos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que no consideran violencia los hechos ocurridos en Cataluña el año pasado.

La propia Abogacía del Estado, que representa al gobierno, también se desmarcó de esta acusación, y en un giro de último momento solicitó que los líderes secesionistas sean juzgados por sedición, un delito menor que conlleva una pena máxima de 15 años.

En concreto, la Abogacía pide 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación, en relación con los hechos ocurridos antes y después de la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, que había sido prohibido.

“La malversación fue el medio necesario para cometer el delito más grave, el de sedición”, que consiste en alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes” o el cumplimiento de “resoluciones administrativas o judiciales”, explicó en conferencia de prensa la ministra de Justicia española, Dolores Delgado.

El cambio de criterio de la Abogacía del Estado fue interpretado por parte de la prensa y la oposición conservadora y nacionalista como un gesto del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez a favor de los partidos independentistas catalanes, cuyo apoyo necesita para seguir gobernando al encontrarse en minoría.

El presidente catalán, Quim Torra, había lanzado varios ultimatums a Sánchez exigiéndole que instruyera a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que retiraran el delito de rebelión, además de insistir con un referéndum de autodeterminación.

“El presidente Sánchez decidió no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión”, dijo ayer Torra al leer una declaración institucional por medio de la cual condenó la “inaceptable” acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Desde Bélgica, por medio de un video, el ex presidente Carles Puigdemont dijo que el “Estado en su conjunto, desde el rey hasta la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra el Govern y el Parlamento catalán y buena parte de la población”.

En su escrito, la Fiscalía argumenta que los líderes independentistas pusieron “en grave peligro el orden constitucional” y utilizaron la “violencia” para asegurar “el resultado criminal pretendido”.

En cambio, la Abogacía del Estado evita hablar de violencia y se refiere a los hechos ocurridos en Cataluña, especialmente las movilizaciones previas a la celebración del referéndum, como “incidentes contra el orden público”, “altercados”, “tumultos” y “disturbios”.

El Ministerio Público pide 17 años de cárcel para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de las movilizaciones pro independencia que intentaron evitar que la policía desactivara la consulta, y para la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. En cambio, la Abogacía 8 y 10 años, respectivamente.

En cuanto al resto de los acusados, la Fiscalía pide 16 años de prisión (la Abogacía 11 y medio) para cinco ex consejeros del gobierno catalán, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquín Forn, y ambas acusaciones coinciden pidiendo siete años para otros tres ex consejeros, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Villa, acusados de malversación y no de rebelión.

Para otros seis dirigentes procesados por el Tribunal Supremo, la Fiscalía pidió multas de hasta 30.000 euros por un delito de desobediencia.

Por otro lado, el Ministerio Público también reclamó 11 años de prisión para el exjefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero por un delito de rebelión del que será juzgado en la Audiencia Nacional, lo que supone un cambio de criterio ya que previamente lo había acusado de sedición.

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