La Fiscalía secuestró imágenes de las cámaras de la Legislatura
Ante la denuncia efectuada por el vicegobernador Mariano Arcioni, el Ministerio Público Fiscal se hizo presente ayer en la Legislatura, donde requirió la copia de las grabaciones de las 19 cámaras de seguridad que tiene el parlamento provincial. Los fiscales buscan certificar con ese material, más el listado de personal, quiénes fueron los responsables de la medida de fuerza que el jueves impidió que se realizara la sesión. La Asociación de Personal Legislativo levantó ayer la retención de servicios, pero se declaró en estado de alerta y movilización.
El Ministerio Público Fiscal se hizo presente ayer, pasado el mediodía, en la Legislatura, donde pidió copia de las grabaciones de las diecinueve cámaras que tiene el cuerpo de provincial de diputados. Fue para certificar quiénes fueron los responsables de la retención de servicios que el jueves, en oposición al proyecto que impulsa la publicación de sueldos, realizó la Asociación de Personal Legislativo (APEL).
Los fiscales, que también requirieron el listado de personal, reaccionaron de inmediato ante la denuncia que por lo sucedido el jueves cuando por la medida de fuerza la Cámara no pudo sesionar, presentó ayer a la mañana el vicegobernador Mariano Arcioni.
LA DENUNCIA
La presentación de Arcioni, formalizada ayer a la mañana, abarca tanto al gremio que encabeza Angel Sierra como a todas las personas "que obstaculizaron el funcionamiento del Poder Legislativo el 9 de marzo, mediante una medida de fuerza de público conocimiento la que impidió el normal funcionamiento, sin que se pudiera llevar a cabo la sesión ordinaria convocada para la fecha", ofreciendo como testigos a personal político de la Legislatura.
El escrito, de una carilla de extensión, está fechado a las 9.30 de ayer y alude puntualmente a la medida de fuerza que APEL concretó el jueves en reclamo por la posibilidad de tratamiento de un proyecto de ley de transparencia gubernamental tendiente a hacer públicos los salarios de los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, como ya sucede con el Poder Ejecutivo.
La iniciativa fue presentada desde CHsT por Adrián López en concordancia con el argumento de que el gobernador Mario Das Neves había efectuado en el discurso inaugural del periodo ordinario de sesiones de hacer públicos los salarios de todos los poderes del Estado, en el marco de las políticas de transparencia. Pero para el gremio, la publicidad de sus sueldos implica un riesgo para los trabajadores "dada la inseguridad imperante".
Ese es uno de los condimentos que se sumó al plan de lucha del gremio, que también mantiene reclamos paritarios por los que había decidido no acatar una conciliación obligatoria dictada el mismo día de la sesión, con lo que los trabajadores se encontraban de paro con asistencia a sus lugares de trabajo. Reclaman puntualmente por "las serias deficiencias económicas, de equipamiento y de condiciones laborales".
EN ALERTA Y MOVILIZACION
Luego de haber logrado el objetivo, el de impedir la sesión, el gremio legislativo levantó ayer la retención de servicios pero se declaró en estado de alerta y movilización, y reiteró su pedido para que se retire el proyecto que presentó Adrián López.
El secretario general del gremio, Angel Sierra, indicó a El Patagónico que los trabajadores "no vamos a permitir que se avance en la publicación de los sueldos, porque es algo inconstitucional y nos pone en una situación de inseguridad", apuntó.
El sindicalista evitó continuar en la discusión pública con el gobernador Mario Das Neves, quien acusó al gremio de estar influenciado políticamente por el Frente para la Victoria y de promover la retención para evitar "que se publiquen los altos sueldos y que se dé a conocer la existencia de ñoquis".
"No vamos a entrar en ese juego. Nosotros estamos reclamando porque este proyecto vulnera nuestros derechos y también por el ahogamiento financiero al que el Ejecutivo, al no enviar los fondos, está haciendo la Legislatura", observó Sierra.