La Justicia abrió una investigación contra el juez Gustavo Toquier por el presunto delito de "prevaricato"

El caso a investigar, según la imputación de la Fiscalía, ocurrió en el período comprendido entre el 8 de abril de 2016 y el 23 de agosto de ese año, cuando Gustavo Toquier, juez de primera instancia a cargo del Juzgado de Ejecución N°1 de Comodoro Rivadavia, admitió la presentación y se abocó al concurso preventivo de Oil Combustibles S.A., pese a que esa firma tenía domicilio legal en Buenos Aires.

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló ayer la audiencia de apertura de investigación en contra del juez de ejecución civil Gustavo Toquier. Presidió la audiencia el juez penal Alejandro Soñis. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal jefe Juan Carlos Caperochipi y por la fiscal general Verona Dagotto. Mientras, la defensa de Toquier fue ejercida por las abogadas públicas Viviana Barillari y María de los Ángeles Garro.

El fiscal Caperorichi efectuó un breve relato del caso a investigar, al que calificó en forma provisoria como “prevaricato y retardo de justicia, concurso ideal”. La defensa, en cambio, se opuso a la apertura. Rechazó lo manifestado por los fiscales respecto al delito y a la calificación legal que se le atribuye a su defendido. Finalmente el juez penal resolvió dar por formalizada la apertura de investigación en contra de Toquier.

El caso a investigar, según el relato de la Fiscalía, ocurrió en el período comprendido entre el 8 de abril de 2016 y 23 de agosto de ese año, cuando Gustavo Toquier, juez de primera instancia a cargo del Juzgado de Ejecución N°1 de Comodoro Rivadavia, admitió la presentación y se abocó al concurso preventivo de Oil Combustibles S.A.

De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, Toquier fundó su competencia territorial en un domicilio ficticio, pese a que surgían de las circunstancias reales del concurso preventivo que el domicilio social denunciado sobre avenida Yrigoyen de esta ciudad, inscripto en la Inspección General de Justicia (IGJ), no se correspondía con la realidad de la actividad económica y comercial de la sociedad ni la de sus acreedores. Tampoco consideró la cuasi simultánea inscripción del domicilio en esta ciudad y la presentación concursal.

“Luego de decretar la apertura del concurso preventivo, sobre la base de un hecho falso, consistente en el referido domicilio ficticio, el juez Toquier decidió continuar con el proceso, no obstante haber tomado conocimiento directo y fehaciente de hechos nuevos que demostraban que la concursada había falseado su domicilio para propiciar una competencia inexistente”, añade la imputación, según informa el área de prensa del Ministerio Público Fiscal.

Según el relato de los fiscales, Toquier omitió declararse incompetente de oficio por la aplicación de la Ley de Concursos y Quiebra. “Estos hechos nuevos fueron silenciados por la deudora y conocidos por el juez cuando su competencia territorial aún no estaba consentida respecto de todos los acreedores, es decir que no existía estabilidad jurídica que le haya impedido a Toquier declarar su incompetencia de oficio ante los inequívocos indicios de fraude a la ley”, añade la imputación.

La Fiscalía manifestó que la Inspección General de Justicia de la Nación envió una nota al juzgado a cargo de Toquier para ponerlo en conocimiento de que la sociedad comercial Oil Combustibles S.A. aún se encontraba bajo la órbita de dicha IGJ y que la sede social se encontraba en la avenida Córdoba 657, de la Ciudad de Buenos Aires.

“Tampoco se había dado curso a la baja de dicho domicilio, perfeccionando el cambio a esta jurisdicción en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo N°2 de Buenos Aires. Asimismo el imputado tomó conocimiento de que el juez a cargo del juzgado federal anteriormente mencionado había dictado dos decisiones cautelares mediante las cuales había dispuesto que la sociedad Oil Combustibles S.A. y el resto de la sociedades que la componen se abstuvieran de realizar cualquier acto que implicase escindirse del Grupo Indalo, o el desmembramiento de este”, añade la imputación.

La Fiscalía planteó que esa información que le llegó al imputado “le permitió conocer de manera fehaciente la ficción iniciada por la actora en detrimento del patrimonio del Estado nacional e inhibirse de oficio. Estos como otros actos posteriores demuestran que actuó de manera voluntaria y lineal a los fines de satisfacer los fines de la concursada. No obstante todo lo expuesto lejos de propender a solucionar el conflicto por la competencia, Toquier incurrió en una gama de transgresiones legales que alteraron el normal funcionamiento del órgano de Justicia, retardando maliciosamente lo requerido por las partes y lo que le exigía la ley”, subraya.

La imputación de los fiscales manifiesta que recién el 23 de mayo de 2016, Toquier decidió darse por notificado de la resolución de inhibitoria por parte del juez federal. “Luego en julio de 2016 omite maliciosamente suspender el trámite del concurso y elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, reteniéndolo y continuando normalmente el proceso, lo que motivó la resolución de la Corte que resolvió la suspensión del concurso y su urgente remisión”, argumenta.

Los acusadores públicos calificaron en forma provisoria el caso como “prevaricato y retardo de justicia, en concurso ideal” en calidad de autor para Toquier. A la vez solicitaron el plazo de seis meses para concluir con la investigación.

RECHAZO DE LA DEFENSA

La defensa no compartió lo manifestado por los fiscales respecto al delito y a la calificación legal que se le atribuye a su detenido. Las abogadas plantearon que no ha quedado claro lo del “retardo malicioso”. Argumentaron que la Corte Suprema cerró el conflicto resolviendo que era de competencia nacional el concurso, pero no calificó la actuación del juez.

“No hubo ninguna maniobra para perjudicar al fisco a nivel nacional, ni demora maliciosa”, aseguró una de las defensoras. “No se dan los elementos objetivos y subjetivos para achacar la demora maliciosa”, resaltó. Concluyó que el accionar de su defendido fue ajustado a la ley y solicitó que no se abra la investigación en su contra, ya que no hay delito.

El imputado hizo uso de su derecho a declarar y sostuvo: “la interpretación que hace la fiscalía no se ajusta a lo que dice el expediente. El proceso del cambio de domicilio no estaba dado de manera simultánea con la presentación del concurso. Tengo un acto administrativo válido, emitido por un funcionario público que me certifica un domicilio”, aseguró Toquier, según informa el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal.

El juez Soñis consideró en su resolución que “prevaricato es el acto contrario a la ley” y que “el cumulo de trabajo a veces excede el tiempo las posibilidades que tiene un juez para contestar en forma urgente”, aunque aclaró que no buscaba adelantar opinión con ello ya que “todo es materia de investigación”.

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