La Justicia emplazó a Miceli a responder por el caso Greco

Buenos Aires (C)
La ministro de Economía, Felisa Miceli, tendrá que presentar en el término de cinco días un informe ante el Senado sobre la frustrada cancelación de una deuda de 587 millones al grupo mendocino Greco, según lo dispuso ayer la juez en lo contencioso administrativo María José Sarmiento en respuesta a un planteo de los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales quienes se ampararon en el derecho de Acceso a la Información Pública para lograr una respuesta a sus consultas por parte de la funcionaria.
Ambos legisladores presentaron ante la Justicia un listado de 20 preguntas sobre el caso, que son las que deberá responder Miceli por escrito. Por disposición de la juez, la funcionaria deberá ofrecer, además «la totalidad de la prueba con que intente valerse» para satisfacer ese pedido.
Más allá del beneficio que esta medida pueda aportar al esclarecimiento del caso Greco, la decisión de Sarmiento se convirtió en el primer antecedente jurisprudencial respecto de la aplicación del decreto 1.172/03 que reglamenta el Acceso a la Información pública para todos los ciudadanos que necesiten obtener respuestas por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
«Está claro que a partir de este fallo los funcionarios tienen que cumplir con el decreto. A Miceli le hicimos 25 preguntas en su momento y contestó tres. Después dijo que se amparaba en el secreto judicial, por eso presentamos el amparo», explicó Sanz.
Los senadores radicales le pidieron a Miceli información sobre un pedido de autorización del Gobierno al Congreso para la emisión de 1.300 millones de pesos en títulos de la deuda pública entre los cuales -disimulados en el rubro «pago a proveedores» - se incluían 587 millones destinados a indemnizar al grupo Greco. El caso tomó estado público cuando Sanz y Morales impidieron que el Senado aprobara la ley -que ya había recibido media sanción de Diputados- ante las sospechas que les causaba la forma en que se había justificado el pago.
La ministro negó cualquier responsabilidad en la maniobra y ordenó la suspensión del trámite de aprobación del proyecto, además de la instrucción de un sumario en el Ministerio de Economía. Sin embargo, no pudo evitar que el caso llegara a la Justicia y hoy dos magistrados llevan adelante la investigación: el juez federal Sergio Torres está a cargo del expediente iniciado por la propia denuncia de Miceli, mientras que su colega Ariel Lijo instruye la causa originada en una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans contra la funcionaria y el Procurador Osvaldo Guglielmino.
Sanz explicó que la resolución de la juez Sarmiento no equivale a una interpelación parlamentaria, pero obliga a la ministro a responder el cuestionario y aportar pruebas concretas.