La justicia de Familia otra vez cuestionada, ahora por una muerte

Una allegada a la familia de crianza de Ángel, de 4 años, aseguró que existían antecedentes de abandono y maltrato que no fueron considerados antes de restituirlo a su madre biológica.

La muerte de Ángel, de 4 años, generó una fuerte conmoción en Comodoro Rivadavia y derivó en graves denuncias contra organismos encargados de la protección de la niñez. Marisol Núñez, amiga cercana de la madre de crianza del menor, cuestionó el accionar de la Defensoría Pública y de la Justicia de Familia, al sostener que hubo una “cadena de negligencias” que derivaron en un “abandono institucional”.

Según relató, el niño había sido criado desde su primer año de vida por Lorena Andrade, luego de que su madre biológica lo dejara al cuidado de terceros. Núñez aseguró que Andrade era su principal referente afectiva y quien se ocupaba de su crianza cotidiana.

Sin embargo, una reciente resolución judicial ordenó la restitución del menor a su madre biológica, pese a que —según la denunciante— existían antecedentes de abandono, presuntas situaciones de maltrato por parte de la pareja de la mujer y el rechazo del propio niño a convivir con ella.

De acuerdo al testimonio, la familia de crianza habría presentado distintos elementos ante la Justicia, como registros audiovisuales y audios que advertían sobre la situación del menor. No obstante, Núñez afirmó que estas pruebas no habrían sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes.

La denunciante también hizo referencia a versiones de vecinos que señalaban situaciones de descuido en los días previos al fallecimiento. Asimismo, sostuvo que el niño no presentaba problemas de salud previos.

En relación con el momento de su ingreso al hospital, indicó que el menor habría llegado sin signos vitales. Estas circunstancias son materia de investigación judicial.

Frente a este escenario, allegados y vecinos convocaron a una movilización hacia la sede de la Defensoría Pública, ubicada en calle Sarmiento al 400, entre 25 de Mayo y Pellegrini, con el objetivo de exigir explicaciones a los funcionarios que intervinieron en el caso.

En tanto, la familia de crianza aguardaba una audiencia prevista para el 20 de abril, en la que buscaban recuperar la custodia del niño. “Queremos saber qué pasó y por qué no se actuó a tiempo”, expresó Núñez.