La Justicia Federal se declaró incompetente y sigue rigiendo la prohibición de pirotecnia
La Justicia Federal se declaró incompetente ayer frente al planteo de un grupo de comerciantes del rubro de fuegos artificiales que el miércoles había presentado una acción judicial para que se considerara inconstitucional la ordenanza que prohíbe la comercialización, distribución y utilización de pirotecnia en Comodoro Rivadavia. El Ejecutivo municipal ya comunicó la prohibición de venta y realiza controles con seis grupos de inspectores para verificar el cumplimiento de la normativa.

A última hora de ayer se conoció el fallo de la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia donde se declara incompetente y deja el caso a la Justicia de Chubut para que resuelva respecto al planteo de un grupo de comerciantes del rubro de fuegos artificiales, patrocinado por el abogado Martín Galíndez, que el miércoles presentó una acción judicial.

A través de esa presentación solicitaban que se considerara inconstitucional la ordenanza promulgada el martes por el municipio que prohíbe la comercialización, distribución y utilización de pirotecnia en el ejido de esta ciudad. Los comerciantes pretendían que se los autorizara a vender fuegos artificiales para las fiestas de Año Nuevo. La autorización o rechazo dependerá ahora de lo que pueda resolver la Justicia ordinaria hoy, donde a primera hora de la mañana el grupo de comerciantes llevará su planteo. Mientras tanto, la ordenanza de Pirotecnia Cero rige en todos sus términos.

El fallo firmado por la jueza federal subrogante Hebe Corchuelo de Huberman señala en uno de sus principales considerandos que a partir del principio y respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales: “no quedan dudas que la actividad jurisdiccional requerida es propia y privativa de la Justicia ordinaria, quien deberá examinar el alcance de la normativa cuestionada con el resto del andamiaje jurídico, dando la justa interpretación en el espíritu y con los efectos que la soberanía local ha querido atribuirles”.

ORDENANZA VIGENTE

Horas antes de que se conociera ese fallo, la concejal Adriana Casanovas, del Frente para la Victoria, aseguró que confiaba en que la Justicia Federal rechazara la acción de inconstitucionalidad que el grupo de comerciantes presentó contra la ordenanza.

“Para nosotros este es un tema que está cerrado. Los comerciantes ahora fueron a la Justicia y nos parece perfecto. Vamos a esperar qué es lo que se resuelve, que no tengo ninguna duda será favorable a la salud, que es un bien primordial y superior al comercio”, indicó la edil en diálogo con Radio Del Mar.

Casanovas intentó no entrar en polémicas con los comerciantes que presentaron el recurso. “Este es un tema que, a todo el mundo le consta, debatimos durante todo el año. La primera ordenanza, que ya imponía la prohibición, se sancionó con el tiempo suficiente para que nadie sea perjudicado”, recordó la edil, en alusión a la normativa aprobada el 4 de mayo y promulgada el 22 de ese mismo mes.

CUESTION DE FECHAS

Maximiliano Bidolsky, conocido como “el Mago Tole”, encabeza el reclamo que comparte con otros ocho comerciantes que se dedican a la actividad. También horas antes de que se conociera la resolución de la Justicia Federal, señaló: “nosotros compramos la mercadería luego del 27 de noviembre, cuando el municipio nos habilitó para la venta de determinados productos que pasaron a prohibir tres días antes de las fiestas (de Año Nuevo). Esto es, además de injusto e inconstitucional, indignante”.

Consultada sobre esta situación, y mientras desde el municipio ayer se ratificó que hasta que no haya una definición judicial en contrario la venta de pirotecnia está prohibida, Casanovas en forma irónica dijo: “el comerciante tuvo más suerte que el Concejo, ya que a ellos le comunicaron de la reglamentación el 27 de noviembre y a nosotros recién nos notificaron de la misma el 6 de diciembre”.

La alusión de la concejal recuerda la discusión pública que en el parlamento municipal se generó con el Poder Ejecutivo, sobre todo con el subsecretario de Fiscalización, Daniel Campillay, quien a partir de lo que desde Gobierno se consideró una “zona gris” de la ordenanza que ya prohibía la pirotecnia, autorizó la venta de algunos productos, luego de una cuestionada prueba de niveles de estruendo.

“El argumento de que compraron luego del 27 ya lo escuché, pero nadie muestra una notificación por escrito de esa autorización a la que aluden. Para esa fecha, no obstante, la única autorización que podían darle era para vender pirotecnia para algún acto y bajo ciertos controles, nunca para la comercialización en general que ya estaba prohibida”, ratificó Casanovas.