Un fallo federal obliga a ejecutar artículos clave de la norma que garantizan actualización salarial y recomposición de becas. La decisión surge tras una presentación del sistema universitario.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán resolvieron que el Estado nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, en el marco de una causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional para asegurar los fondos operativos del sistema.
El fallo establece la aplicación obligatoria de los artículos 5° y 6° de la normativa vigente. En esos puntos se dispone la actualización salarial para el personal docente y no docente de todas las universidades del país.
La resolución también alcanza la recomposición de becas estudiantiles, en línea con el objetivo de sostener el funcionamiento del sistema educativo en el contexto económico actual y garantizar el acceso a la formación superior.
El proyecto había sido aprobado por el Poder Legislativo, pero luego vetado por el Ejecutivo, que fundamentó su decisión en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y en la ausencia de partidas presupuestarias específicas.
Tras la insistencia del Congreso para ratificar la ley, el Gobierno había suspendido su aplicación, argumentando que no se había definido el origen de los recursos para cubrir los gastos previstos.
Con esta decisión judicial, el Ejecutivo queda obligado a avanzar en la liquidación de los fondos. El fallo subraya que la falta de previsión presupuestaria no invalida una ley ratificada por el Congreso.
La medida impacta de manera directa en la planificación de las universidades públicas, al establecer que el Estado debe garantizar tanto la recomposición salarial como el fortalecimiento de las políticas de asistencia estudiantil.