La información dada a conocer por la Secretaria de Información Pública del gobierno provincial señala que la jueza Marta Yánez dio a conocer el fallo el viernes y que la medida tiene vigencia por seis meses.

Esto obliga al gobierno nacional a dar “marcha atrás con los aumentos desproporcionados en las tarifas de gas residenciales, que impactaban en los vecinos de la provincia de Santa Cruz, con subas superiores al 800%”.

En detalle, el informe de prensa precisa que “la jueza ordenó revocar en forma parcial y por contrario imperio -aunque por distintos fundamentos- el punto 3° de la providencia de fs. 77 (en cuanto al requerimiento de informe previo)”.

Consecuentemente, resolvió “hacer lugar a la medida innovativa interesada por la parte actora (el gobierno provincial) en relación al colectivo representado”; es decir “usuarios residenciales del servicio de gas con domicilio en las localidades ubicadas en los departamentos Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico de la Provincia de Santa Cruz”.

Puntualmente, Yáñez decidió “ordenar la suspensión desde el 2 de abril de 2024 y por el plazo de 6 meses de los aumentos derivados de las Resoluciones 41/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación y 122/2024 y 224/2024 del Enargas”.

De hecho, le ordena a Enargas “comunicar en forma inmediata la presente medida cautelar a las empresas distribuidoras o subdistribuidoras del elemento a fin de que, durante el plazo de 6 meses de su vigencia: a) se abstengan de aplicar incrementos superiores al 300% en comparación con el mismo período de facturación del año anterior”.

Asimismo, se indica que la magistrada interpreta que ese porcentaje es “prudentemente razonable para equilibrar provisionalmente los intereses en pugna y teniendo en cuenta los índices inflacionarios existentes, los cuales resultan de público y notorio conocimiento”.