El proyecto de Ley Ómnibus que presentó esta semana el gobierno al Congreso contempla una extensa modificación de la ley madre del sector de los hidrocarburos, la 17.319 que data de 1967. Mientras uno de los grandes cambios está en el espíritu de la normativa, que pasaría de ser el autoabastecimiento nacional a la promoción de la rentabilidad empresaria, una serie de artículos llevarían a que no se puedan seguir renovando las concesiones ya dadas, obligando no solo a licitar decenas de bloques en el corto plazo, sino también a poner a contrarreloj las negociaciones entre petroleras y provincias por los pasivos de cada una de esas áreas.

Las modificaciones propuestas deberán aún sortear el paso por el Congreso para convertirse en ley, pero de acuerdo al proyecto se modifica el actual Artículo 35 que permitía a las operadoras poder acceder a prórrogas de 10 años en sus concesiones.

Esto genera un cambio sustancial en todo el sector para todos los actores, dado que la eliminación del derecho a prórroga se complementa con un nuevo artículo, el 47 Bis, que en resumen marca que todas las áreas que lleguen a su fin de concesión o sean revertidas, deberán ser licitadas, abriéndose ese proceso con un mínimo de un año de anticipación.

Esto implica que este proceso debería comenzar este mismo año, dado que son muchas las áreas hidrocarburíferas de todo el país que vencen entre 2025 y 2027.

Para el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación y titular de la Consultora Paspartú, Juan José Carbajales, de prosperar estas modificaciones se podría estar ante una ola de reclamos judiciales de parte de las empresas, dado que “pueden reclamar el derecho a prórroga porque hasta hoy lo tienen en la ley, y esto crea un gris legal”.

EXPORTACIONES Y PRECIOS LIBERADOS

El proyecto de ley libera las exportaciones de petróleo y combustibles, aunque sujetas a una nueva reglamentación que deberá dictarse luego. No plantea lo mismo en el caso del gas natural, donde sí se permite la importación sin la necesidad de tramitar permisos.

El cómputo de regalías también se modifica a partir de una fórmula cuyo principal cambio no estaría en las alícuotas a imponer, sino en que se habilita negociar una alícuota diferente para cada área concesionada con una referencia además a un commodity como podría ser el Brent.

El proyecto pone fin a la intervención del gobierno y de YPF en el precio del petróleo y los combustibles, marcando que deberán ser fijados a valores de mercado, poniendo así fin al denominado Barril Criollo. E introduce además un cambio en el transporte y procesamiento de hidrocarburos al impedir los “abusos de posición dominante” para limitar el acceso de otras firmas a los sistemas cuando hay capacidad.

ELIMINACION DE FONDOS FIDUCIARIOS COMO LOS DEL GAS

La iniciativa presentada por el gobierno incluye un artículo que abre la posibilidad de eliminar los fondos fiduciarios que hoy existen en el sector energético, incluyendo en ese abanico a los que implican subsidios a los usuarios.

Entre esos fondos, podrían incluirse a futuro los que sustentan la Zona Patagónica del Gas y el más reciente de la Zona Fría del Gas, que en el primer caso llega a cerca de 800.000 usuarios de la Patagonia y la Puna y en el segundo caso a unos 3 millones de hogares de múltiples provincias. Estos fondos fiduciarios se sustentan con el aporte solidario de todos los usuarios del servicio de gas natural por redes para permitir descuentos de hasta el 50% en el componente del gas de las facturas y en ambos casos fueron aprobados por ley.

Pero además, el artículo habilitaría la eliminación de otros fondos fiduciarios como pueden ser el destinado a las garrafas y GLP, y el del gasoil para el transporte público.

En tanto que también se libera el mercado de los biocombustibles, dejando el precio librado a la decisión de las empresas y poniendo fin al sistema de asignación de cupos. Lo que se mantiene en la norma propuesta en el porcentaje de corte con las naftas y gasoils de cada biocombustible, que son del 12% en el caso de las naftas y del 7,5% para el gasoil.

PRIVATIZACION DE EMPRESAS

Esta no es una novedad dentro de los planes del gobierno, pues desde la campaña se lo mencionó. El proyecto lo que hace es declarar a las empresas y sociedades del Estado como sujetas a privatización y a la vez autorizar la venta de lo que son las participaciones estatales en empresas privadas.

En el listado que se incorpora se encuentran firmas como YPF, pero también Enarsa -titular del Gasoducto Néstor Kirchner, del contrato de importación de gas de Bolivia, entre otros- Nucleoeléctrica -titular de las centrales nucleares- y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

En tanto que en la lista de participaciones en empresas privadas que se podrían vender, además de YPF, se encuentran Central Puerto, Distribuidora Gas Cuyana, Camuzzi Gas Pampeana, Edenor, Enel Generación Costanera, Metrogas, Naturgy, Pampa Energía, Transportadora Gas del Norte (TGN), Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transener, publicó Diario Río Negro.