La licencia social y el proyecto de renta hídrica

Bajo el título "De Contradicciones y Desventuras", la Cámara de Empresarios y Proveedores Mineros de Chubut emitió en las últimas horas un documento de tono crítico hacia un sector de la política que impide el avance de la iniciativa.

“Desde hace años esta Cámara viene marcando el cúmulo de contradicciones y desventuras que protagoniza el debate sobre el desarrollo definitivo de la provincia del Chubut. Incontable cantidad de páginas se han escrito desde nuestra organización advirtiendo el notable daño que esta situación le provoca a la imagen de la provincia frente a probables inversores, interesados en volcar sus capitales en regiones previsibles y donde las reglas de juego se sostengan en el tiempo, de manera de desarrollar con tranquilidad el plan de negocios previamente evaluado”, sostiene el documento en su introducción.

“Lamentablemente, en nuestra provincia nos hemos acostumbrado a vivir en la anormalidad. Ya nos parece natural y obvio que los mismos dirigentes transmitan una opinión determinada cuando se encuentran en el Gobierno, y transmitan otra, diametralmente opuesta, cuando se encuentran en la oposición”, añadieron.

“Chubut ha potenciado hasta la irracionalidad el viejo y conocido teorema expuesto por el dirigente radical Raúl Baglini, que sostenía que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente es directamente proporcional a su posibilidad de acceder al poder. Baglini confiaba que la irresponsabilidad en los planteos sería sólo una característica de los partidos que no contaban con ninguna posibilidad de acceder al poder, mientras que los partidos mayoritarios se abocarían a encontrar acuerdos razonables en la conformación de políticas de Estado. Claro que el extinto dirigente no imaginó ni en la peor de sus pesadillas el Chubut al que asistimos”, destacan.

“Hace ya un tiempo que por estas tierras, apenas producida una derrota electoral los oficialismos devenidos en oposición comienzan a virar sus discursos, optando en general por las posiciones más irresponsables y destructivas. Este escenario viene naturalizándose en los últimos años y ha sido, sin lugar a dudas, una de las causas de la crisis estructural que vive nuestra provincia a partir de una matriz productiva agotada”, cuestionan.

“Pero en un nuevo capítulo de esta comedia de enredos, parte de la política, despreocupada ya por su imagen pública, decide evaluar e interpretar los diversos proyectos para la provincia sin otro fundamento que su propio capricho. En este sentido, el concepto de licencia social ha protagonizado las más diversas interpretaciones por parte de quienes desconocen absolutamente su concepto y contenido”, apuntan.

Este es el caso del Bloque de Diputados del PJ–Frente de Todos, “dentro del cual algunos de sus integrantes han entendido, en el marco del debate minero, que la licencia social se obtenía sólo a través de un proceso de consulta que involucre a la sociedad chubutense en su conjunto; pero en cambio por estos días presentaron un proyecto de ley sobre Renta Hídrica que asimila, en cambio, el concepto de “licencia social” con el proceso de consulta previsto por el Código Ambiental Provincial”.

Es decir que, según el “Bloque PJ Frente de Todos”, “para la obtención de la licencia social de la actividad minera sería preciso convocar a todos los ciudadanos de la provincia para que en el marco de un proceso de consulta (que tendrá por respuesta un SI o un NO) defina por un lado el destino de la actividad, y por el otro la posibilidad de desarrollo de región de la provincia. En cambio, el mismo “Bloque PJ Frente de Todos” entiende ahora que la licencia social de la renta hídrica se obtiene con la realización de las audiencias previstas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé la Ley XI N°35”.

Desde la Cámara llaman la atención: “Obsérvese que mientras para la actividad minera el Bloque requiere la opinión de todos los ciudadanos de la provincia, para la renta hídrica requiere la opinión de sólo algunas personas que acudan a la audiencia convocada, en el marco de un proceso que carece de derecho a veto y que también resulta necesaria para el proceso de aprobación del Estudio Ambiental de un proyecto minero. Claro que en este último caso, según el criterio de estos sommeliers de “licencias sociales”, su realización no implicará la obtención de la licencia mencionada”.

“Volvemos entonces a destacar la importancia de garantizar condiciones legales justas y equitativas como requisito central a la hora de atraer inversiones. La remanida “seguridad jurídica”, que no es ni más ni menos que la aplicación de la ley de manera igualitaria”, acotan.

A propósito de la “licencia social”, recuerdan que “la misma suele confundirse con otros conceptos más vinculados a consensos políticos o legitimidad de las decisiones políticas. De esta forma, es común escuchar comentarios acerca de la existencia o inexistencia de la “licencia social” luego de manifestaciones de acompañamiento o rechazo de determinada legislación, errando el contenido del concepto que se pretende utilizar”.

El concepto de licencia social “remite necesariamente al acompañamiento de las poblaciones de impacto directo a un proyecto determinado. Y esa vinculación entre los responsables del proyecto y las comunidades se desarrolla a través de un proceso de diálogo. Un diálogo donde la empresa (o quien lo desarrolle) presenta su proyecto y la comunidad no limita su participación a la opción de hierro entre sí o no frente a la propuesta. La comunidad podrá plantear observaciones, matices y correcciones, luego de lo cual la empresa puede atender y revisar su propuesta”.

Es decir que “la licencia social presume un proceso dinámico, algo más parecido a una película que a una foto donde la comunidad decide afirmativa o negativamente el acompañamiento a un proyecto. El proceso de diálogo debe garantizar la participación robusta de una comunidad que debe contar con la información necesaria previa de parte de los responsables del proyecto. La licencia social de un proyecto debe obtenerse justamente en las localidades que serán afectadas por el mismo. Esta afectación responderá a estrictos criterios ambientales y sociales”.

Es decir que “el proyecto debe contar con la licencia legal, la que se obtiene en el marco de la aplicación de la legislación vigente, con los permisos ambientales incluidos, al que la licencia social viene a aportar el acompañamiento de una comunidad que ha encontrado la manera de hacer llegar sus inquietudes e intereses”.

Concluyen que el concepto de “licencia social” ha sido “lamentablemente la excusa más a mano. Licencia Social entonces será “lo que yo quiero que sea” (en boca del dirigente de turno), algo más vinculado a un capricho que a un pacto. El estado actual de la provincia requiere al menos el primer acuerdo que nos ponga a todos en la misma vereda. El acuerdo básico de que todos empujamos para el mismo lado. Para el lado del desarrollo y de la inclusión de todos nuestros coprovincianos, que permitirá a Chubut salir de esta página, probablemente la más compleja de su historia”.

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