Luego de que la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitara su ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias dentro del esquema de la "Ley de Inocencia Fiscal”, al menos tres funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron el mismo camino y presentaron sus pedidos ante la agencia recaudadora ARCA en distintas fechas. Algunos de ellos son el propio vocero presidencial, el Ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, y el exdiputado José Luis Espert, además del documentalista oficialista Santiago Oría.

A través de lo que consta en la web de ARCA, las solicitudes de adhesión al régimen se presentaron en distintas fechas: Sturzenegger y Espert habrían iniciado el trámite el 7 de mayo y el 9 de junio respectivamente, mientras que Adorni y su esposa lo hicieron en una instancia posterior, como paso previo al esquema más amplio de “Inocencia Fiscal”.

UNA INICIATIVA DE ESPERT

Cuando José Luis Espert presentó el proyecto de Inocencia Fiscal, la iniciativa fue vendida como una revolución tributaria destinada a proteger a los argentinos que habían resguardado sus ahorros fuera del radar del Estado. Un año después, los primeros en correr hacia los beneficios de esa ley parecen haber sido los propios dirigentes que la impulsaron, la defendieron y la celebraron. El chiste se cuenta por sí solo. Era lo que quería Mauricio Macri y no pudo conseguir. Javier Milei lo hizo.

La norma que el gobierno exhibió como una de sus principales conquistas económicas comenzó a mostrar un fenómeno singular: una larga lista de funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al oficialismo decidió adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, la puerta de entrada al esquema de Inocencia Fiscal. La nómina es llamativa tanto por la cantidad de nombres como por la relevancia política de varios de ellos.

Uno de los primeros fue Santiago Oría, documentalista presidencial y hombre de extrema confianza de Milei, que inició el trámite el 6 de abril. Apenas dos semanas después se sumó Antonio Aracre, economista cercano al oficialismo y conductor de la TV Pública. El 7 de mayo apareció otro nombre pesado: Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación, uno de los principales ideólogos del programa económico libertario, solicitó adherirse al régimen semanas antes de que la discusión explotara públicamente. Luego llegó una seguidilla difícil de ignorar.

El 20 de mayo se incorporó Aimé Ayelén Vázquez, conocida como "Meme", titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Manuel Adorni. Según los registros oficiales, se había inscripto como autónoma apenas en febrero de este año. Menos de tres meses después ya estaba solicitando ingresar al régimen simplificado. El 29 de mayo fue el turno de Manuel Vidal, asesor y hombre de confianza de Santiago Caputo. Dos días más tarde apareció Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, cuyo ingreso al sistema terminó desatando buena parte de la controversia pública.

El 1° de junio se sumó Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Después llegaron los nombres que terminaron de cerrar el círculo político: José Luis Espert, impulsor de la ley, el 9 de junio; y Manuel Adorni, principal vocero de la iniciativa, el 10 de junio. La secuencia resulta particularmente incómoda para el oficialismo porque fueron precisamente Espert y Adorni quienes defendieron con mayor entusiasmo la norma.

El exdiputado había explicado que el proyecto buscaba "blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco". Por su parte, Adorni llegó a afirmar que la ley "quedará en la historia grande de nuestro país". La historia parece haber comenzado por casa.

ARCA DESACTIVADA

El atractivo principal del régimen no reside solamente en la simplificación administrativa. Según especialistas tributarios, el esquema incorpora beneficios mucho más relevantes para quienes deciden adherir. Entre ellos aparece el llamado "tapón fiscal", una figura que impide que ARCA revise declaraciones juradas de ejercicios anteriores no prescriptos una vez cumplidas determinadas condiciones.

De hecho, el régimen permite presentar una declaración simplificada que no exige informar patrimonio al inicio ni al cierre del período fiscal, ni tampoco detallar consumos o variaciones patrimoniales. Además, la ley establece una presunción de exactitud sobre lo declarado y genera un bloqueo para que el organismo tributario no avance sobre ejercicios previos. En términos prácticos, quienes ingresan al régimen obtienen un importante paraguas frente a eventuales revisiones fiscales del pasado.

Sin embargo, los especialistas también aclaran que ese beneficio tiene límites. La adhesión no tiene nada que ver con las investigaciones por enriquecimiento ilícito que eventualmente pueda afrontar un funcionario. En pocas palabras, podés entrar igualmente para tener los beneficios del bloqueo fiscal para que no te investigue ARCA, aunque aclaran que ello no impide investigaciones judiciales ni controles de la Oficina Anticorrupción.

Esa precisión resulta especialmente relevante en el caso de Manuel Adorni y su esposa, cuya adhesión se conoció mientras continúan las preguntas sobre la evolución de su patrimonio en los últimos años. Según trascendió, el jefe de Gabinete deberá justificar ante organismos de control distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de un departamento en Caballito, reformas millonarias en una propiedad y viajes al exterior.

La adhesión al régimen no elimina esas obligaciones, pero sí reduce significativamente el margen de acción de ARCA sobre períodos anteriores. La situación también genera un problema político para el Gobierno. Desde hace semanas, el Ministerio de Economía trabaja para impulsar una nueva legislación que otorgue mayores garantías a quienes mantienen ahorros fuera del sistema financiero. La apuesta es central para Luis Caputo, que considera indispensable captar parte de los aproximadamente 170.000 millones de dólares que, según estimaciones internacionales, los argentinos conservan fuera de los bancos.