El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de su plan de ajuste y desregulación, con la mira puesta en una reducción adicional de personal en distintos organismos de la administración pública nacional.
La estrategia es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y contempla un relevamiento de estructuras, funciones y dotaciones de trabajadores en las diferentes áreas del Estado.
Según trascendió en ámbitos oficiales, equipos técnicos vinculados a la cartera de Sturzenegger vienen realizando evaluaciones en distintos ministerios con el objetivo de analizar la organización interna, determinar la necesidad de determinados puestos de trabajo y revisar si las tareas actuales podrían desarrollarse con una menor cantidad de personal.
La iniciativa se enmarca en la política de reducción del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión y que tiene como uno de sus principales ejes la disminución del tamaño del Estado.
Fuentes gubernamentales indicaron que la intención oficial es continuar avanzando con medidas de ajuste durante el segundo semestre del año, aunque aún no se informó oficialmente cuántos puestos podrían verse alcanzados por esta nueva etapa del proceso.
Mientras tanto, la posibilidad de nuevos recortes genera preocupación entre los gremios estatales.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la continuidad de las medidas de ajuste y advirtió que el sindicato impulsará acciones gremiales para rechazar eventuales despidos y reclamar una reapertura de las negociaciones salariales.
En la misma línea, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestaron preocupación por el impacto de las desvinculaciones registradas durante el último año y sostuvieron que el Estado debe mantener su capacidad de brindar servicios y respuestas a la comunidad.
El debate sobre la estructura estatal y la reducción del gasto público vuelve así a instalarse en el centro de la agenda política, en un contexto en el que el Gobierno defiende los resultados de su programa económico mientras los sindicatos advierten sobre las consecuencias laborales y operativas de una eventual profundización de los recortes.