La muerte en un calabozo en la que "no se movió ningún papel"

Lucas Fuentes tenía 20 años cuando el viernes 10 de diciembre de 2015 habría sido ahorcado por policías en una celda de la comisaría Mosconi. A 6 años del hecho, su madre lamenta que la fiscal del caso, Camila Banfi "no me contesta el teléfono". La causa nunca se formalizó y está archivada. 

Desde hace 6 años que los diciembres para María Egea y sus cinco hijas cambiaron para siempre. Todo obedece a que su hijo Lucas Fuentes, quien el 16 de noviembre pasado hubiese cumplido 26 años, no está con ellas para festejar las fiestas de fin de año.

A la inmensa tristeza que significa la pérdida física de un hijo se le suma la impunidad que durante estos años se anidó en el silencio. María nunca obtuvo respuestas por parte de las autoridades judiciales para llegar a la verdad, aunque había pruebas que incriminaban al menos a tres policías, uno de ellos recientemente premiado con un ascenso como director de Seguridad de la Policía del Chubut.

La incansable madre recordó a diario El Patagónico que Lucas estaba detenido en la Seccional Tercera, donde cumplía una condena por robo y que en dos meses accedería a la libertad y empezaría una nueva vida. “Lucas venía los domingos y se llevó unas pizzas”, contó sobre la última vez que lo vio, durante una de sus salidas extra muros.

Ese domingo 6 de diciembre, Lucas “me contó todo lo que había pasado unos días antes donde unos diez policías lo golpearon” y encerraron en una “fosa de tierra como cuatro días, sin comida ni baño ni nada”. Entonces, el joven “se cortó el brazo con una piedra para que lo lleven al hospital”.

Los médicos le efectuaron cuatro puntos de sutura y después el interno pidió hablar con el juez de Ejecución penal para solicitar un habeas corpus con el fin de proteger su integridad física de los policías de esa seccional.

EXPOSICION ANTE EL JUEZ

La mañana del jueves 10 de diciembre, el joven concurrió a una audiencia judicial donde expuso los maltratos que recibía por parte del personal policial ante el juez Jorge Odorisio. Lucas denunció con nombre y apellido a los uniformados que lo torturaban y agregó que estaba alojado en un buzón de aislamiento.

María afirmó que los forenses de la Fiscalía que ese último día de vida le habían practicado dos test psicológicos a su hijo y “él no tenía ningún brote psicótico ni nada”, para desechar las sospechas del suicidio que se buscó instalar desde la Policía.

Ese fatídico jueves 10, y después de exponer todos los malos tratos policiales, Lucas fue trasladado a la comisaría General Mosconi, donde “se supone que no le harían nada”. Sin embargo, el joven apareció ahorcado en una celda.

JEFE POLICIAL PROTEGIDO

Desde el comienzo de la muerte de Lucas, la investigación penal se caracterizó por los obstáculos y equívocos que surgían a cada paso para llegar a saber la verdad. Luego, la causa quedó a cargo de la actual jefa de fiscales de Comodoro, Camila Banfi.

“Nadie quiso hablar; en ese momento me mandaron mensajes. Yo supe después de un testigo (agente de policía), pero a ese muchacho lo sacaron” de la dependencia de Kilómetro 3, reveló la madre.

Según María, “el muchacho quedó mal y nunca fue vinculado a la causa”, agregó respecto a pruebas que ella misma le brindó a la fiscal. El entonces segundo jefe de esa comisaria, Cristian Sartor, fue puesto en disponibilidad por algún tiempo como uno de los tres policías implicados en el caso.

Pero con el correr de los años, el jefe policial sumó ascensos y hasta noviembre de este año se desempeñó como subjefe de la Unidad Regional de Trelew. Dos días antes de las PASO participó de una detención ilegal junto al exministro Federico Massoni, quien se postulaba a senador y se encargó de difundir un video donde ambos salían armados junto con un detenido.

Poco tiempo antes, Sartor había quedado grabado en los videos y perpetuado en las fotografías registradas cuando tomaba del cuello con violencia y reducía a un manifestante en Puerto Madryn, en medio de la protesta de los gremios de ATE y ATECh. Ese lunes debía comparecer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia junto a otros policías para ser imputado por una causa en la que el fiscal Martín Cárcamo investiga un presunto robo de dinero y golpes a dos ciudadanos bolivianos en medio de un procedimiento de control de tránsito.

El 23 de noviembre último, Cristian Sartor fue designado director de Seguridad de la Policía del Chubut, el cargo que antes ocupaba Paulino Gómez, hermano del anterior jefe de la fuerza; aquel que en plena pandemia ordenara a sus subalternos detenciones “al voleo” de quienes vieran “chimangueando” en la zona céntrica de Trelew.

María recordó que dos meses después de la muerte de Lucas, un menor fue apresado y “esa misma noche lo quisieron ahorcar con la campera, y ahí fue que entró la fiscal Banfi y se salvó. Dio la causalidad que eran los mismos policías que estaban la misma noche que murió Lucas. Tres policías lo atacaron”.

La mujer resaltó que en este segundo caso de intento de homicidio en la misma seccional el comisario “rompió el vidrio del escritorio” y que la fiscal “no pudo hacer nada porque se iba a caer la causa. A él lo protegían mucho”.

En este difícil contexto, María recordó que en marzo del año pasado fue la última vez que habló telefónicamente con la fiscal y que ahora “no me contesta el teléfono”. Respecto de avances en la causa “no sé nada; no tengo absolutamente nada. No se movió ningún papel”, lamentó.

A 6 años de la muerte de Lucas “no hay nada para hacer ni decir; es como que abrís un libro y está la hoja en blanco”.

Con ese vacío judicial y la falta de respuestas para que se haga Justicia por la muerte de su hijo, María -como evangélica que es- sentenció: “lo dejamos en manos de Dios. Que Dios haga Justicia de su lado”.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico