El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con el empresario Joe Lewis y los apoderados de Hidden Lake SA para poner fin a la acción de lesividad iniciada en 2023 por el Ministerio del Interior, que buscaba impugnar la compra de 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera, donde se emplaza la residencia del magnate en Lago Escondido.

El entendimiento —que había sido impulsado por el propio Estado con dictámenes de la Procuración de Investigaciones Administrativas y de la Procuración del Tesoro— se concretó dos meses antes de que el Ejecutivo designara a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y enviara al Senado el pliego de Carlos Mahiques para la continuidad de su cargo en la Cámara de Casación Penal. Ambos participaron del viaje a Lago Escondido en octubre de 2022 junto a jueces, fiscales y funcionarios.

La causa judicial tramitaba en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín. Hasta diciembre del año pasado, el expediente registraba actividad y era de acceso público, pero luego dejó de estar disponible en el sistema del Poder Judicial. Fuentes judiciales confirmaron que actualmente su consulta es “reservada”.

El cierre del litigio se produjo durante la feria judicial. El 28 de enero de 2026 se dictó una sentencia que homologó el convenio conciliatorio presentado el 15 de enero entre el Estado nacional y Lewis-Hidden Lake, dejando sin efecto la acción que pretendía anular la compraventa original, realizada en 1996. Durante ese período intervino el juez Walter Lara Correa.

De acuerdo con la normativa vigente —en particular los decretos 411/80 y 1265/87—, este tipo de acuerdos requiere autorización política. La acción estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior. El convenio fue presentado con el objetivo de cerrar el litigio iniciado por el propio Estado.

El final del proceso quedó expuesto en una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Los jueces Jorge Morán y Daniel Duffy señalaron que la sentencia del 28 de enero homologó el acuerdo y puso fin al expediente.

LOS CUESTIONAMIENTOS

La operación original por las tierras fue cuestionada por organismos estatales que sostuvieron la existencia de una maniobra fraudulenta mediante el uso de sociedades y testaferros para eludir las restricciones sobre la adquisición de tierras en zonas de frontera. Según esas actuaciones, la empresa Hidden Lake SA habría sido utilizada como vehículo para concretar la compra.

En el plano penal, la causa tuvo idas y vueltas. En 2021, Carlos Mahiques firmó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Lewis y funcionarios rionegrinos involucrados en la operación. Dos años después, el Ministerio del Interior avanzó con la acción de lesividad en sede administrativa, ahora cerrada por el acuerdo.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de disputas judiciales vinculadas a Lago Escondido, entre ellas el reclamo por la apertura de un acceso público al lago a través del camino de Tacuifí, actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.