En 2006, a través del decreto 870/06, la compañía Cliveden Petróleo Argentina del Grupo Vila–Manzano se adjudicó las áreas San Bernardo, Pampa Salamanca Norte y Confluencia. Más tarde, por el decreto 1694/06 también se quedaría con las áreas Río Senguer, Buen Pasto, Sierra Cuadrada, Nueva Lubecka, Paso Moreno y Paso de Indios.
Las últimas tres están involucradas en la causa que investiga la justicia federal por presunto pago de coimas en la negociación por la extensión del contrato para la explotación del yacimiento Cerro Dragón. Sin embargo, las otras seis también están sospechadas de ser parte de una maniobra fraudulenta tras detectarse resoluciones mellizas que autorizaron el no pago de un canon que ascendía a casi 7 millones de pesos.
Según dice la denuncia, la maniobra por este segundo hecho se ejecutó el 22 de junio de 2009 cuando Luis Tarrío, ejerciendo el cargo de secretario de Hidrocarburos y Minería de Chubut, dictó las resoluciones N° 09/09 y 10/09, y publicadas como 09/09 bis y 10/09 bis en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut, contrariando la normativa vigente.
Fue así como condonó el pago del canon por exploración de esas áreas por el período 2009-2011, luego de un pedido formal realizado por la compañía involucrada.
Por este hecho Tarrío fue denunciado por el ex fiscal de Estado, Blas Meza Evans, entendiendo que había cometido los presuntos delitos de abuso de poder, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En octubre de 2014, la causa fue elevada a juicio por el juez Fabio Monti y ahora se espera que la Oficina Judicial de Puerto Madryn dé a conocer la fecha del inicio del debate que tendrá como único imputado a Tarrío, quien se presume habría intentado ocultar información al numerar las resoluciones con números que ya correspondían a otras.
La maniobra fue detectada por los ingenieros Carlos Lambré (actual representante del municipio de Comodoro en el directorio de Petrominera) y Sergio Schiavonne, cuando este último ocupó fugazmente el cargo de secretario de Hidrocarburos e intimó a la empresa Patagonia Petróleo a abonar el canon adeudado en octubre de 2009, lo cual fue desestimado por la apoderada de la firma, quien adjuntó en copia las resoluciones bis de Tarrío iniciándose entonces un sumario administrativo que derivó en la posterior renuncia de Schiavonne y la reasunción del ahora imputado, previo dictamen legal del Asesor General de Gobierno, quien entendió que se trataba de un error material en la numeración de las resoluciones.