Apenas seis meses después de asumir al frente del Palacio Quemado, sede del Poder Ejecutivo en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz enfrenta una dura crisis social que mantiene en vilo a todo el país y se teme que, de no hallar una pronta resolución, la delicada situación podría derivar en todavía mayor violencia en las calles.

Detrás del estallido social hay varios factores, muchos de los cuales están estrechamente vinculados con las políticas de ajuste que a imagen y semejanza de su par argentino, Javier Milei, Paz comenzó a aplicar apenas asumió en detrimento de los trabajadores, al mismo tiempo que aprueba ingentes alivios fiscales para los sectores más acomodados del país vecino.

Bolivia atraviesa una dura crisis económica caracterizada por el alza de la inflación, la escasez de reservas y un fuerte desabastecimiento de combustibles. Este último factor es el síntoma más visible del agotamiento de un modelo construido sobre una renta que ya no existe tras el declive de las exportaciones de gas que permitieron el fuerte crecimiento del país en los últimos 20 años.

Frente a este escenario, una de las primeras medidas de Paz, tras asumir el gobierno en diciembre de 2025, fue eliminar el subsidio a los combustibles. El impacto fue inmediato. La nafta se disparó un 86% de la noche a la mañana y el gasoil 160%. La polémica medida significó un fuerte sablazo a los bolsillos de los trabajadores ya que los precios de los combustibles impactan de manera directa en el resto de la economía y provocó fuertes protestas en las calles.

Menos de un mes después, Paz tuvo que dar marcha atrás, pero dejó en evidencia la decisión de cargar el peso del ajuste que vino a proponer sobre los sectores populares.

Otra de las primeras medidas de Paz, tras eliminar los subsidios a los combustibles, fue también eliminar el Impuesto a la Riqueza, al mismo tiempo en que subió el impuesto a los "gremiales", categoría de trabajadores similar a la de los monotributistas en la Argentina que pasaron así a tributar el 5% de sus ingresos.

Promulgó además la polémica Ley 1.720, sancionada por el Congreso en marzo pasado, que implica una reforma agraria y según los críticos —organizaciones campesinas, ambientalistas y comunidades indígenas— abre las puertas a la mercantilización de la tierra, vulnera derechos de pueblos originarios y podría llevar a la pérdida de las tierras. Eliminó además la ley que impedía que la tierra pudiera estar ociosa por más de 10 años

Paz también avanza en un ambicioso programa de privatizaciones que promete dejar un tendal de trabajadores despedidos.

Asimismo, y frente al avance de la inflación, Paz pisó los salarios de los trabajadores licuando de esta manera su poder adquisitivo, lo que generó a su vez un derrumbe del consumo y la crisis de miles de pequeñas empresas y comercios.