La jueza de garantías Ivana González rechazó el pedido de la defensa para que recupere la libertad una mujer sospechada de haber asesinado a su hijo discapacitado en el Puerto de Rawson, pero a la vez le pidió a la representante del Ministerio Público Fiscal que acelere la investigación ante la presunción de que el niño haya fallecido por causas naturales.
La audiencia se realizó a pedido de la abogada defensora María Gómez Lozano a partir de contactos mantenidos con médicos que atendieron al niño que presumen que el menor de 9 años, que padecía una severa discapacidad neurológica, falleció de muerte natural.
El niño fue hallado varios días después de su muerte en el interior de un tambor, con su cuerpo parcialmente quemado y tapado con arena y escombros. La madre admitió que fue ella la que lo quemó y lo ocultó, pero que no lo había matado, sino que lo halló muerto sobre el sillón donde el niño dormía.
En la audiencia la fiscal general Griselda Encina indicó que mantiene la hipótesis del filicidio. Relativizó los informes médicos a los que hizo alusión la defensa pública y se preguntó una vez más por qué la mujer intentó ocultar el cadáver. Indicó que pericias bioquímicas que aún no tiene en su poder abonarían la posibilidad de una muerte violenta y que resta el análisis del teléfono celular de la imputada en donde habría enviado mensajes de textos a un tío del niño y a un empleado de la Oficina de Protección de Derechos.
En esos mensajes, enviados en los días previos a la muerte del niño, indicaba que por un largo lapso de tiempo el niño no estaría con ella en el Puerto de Rawson y que sería enviado a estar con su padre, del que está separada hace muchos años y que reside en el Paraguay.
La jueza González avaló esta posibilidad pero a la vez, le pidió a la representante del Ministerio Público Fiscal acelere la investigación, ya que de no prosperar las hipótesis de la acusación, se estaría atentando contra el derecho a la libertad de la mujer.
El hecho se produjo en diciembre pasado en una casa del Puerto de Rawson donde vivía María Otellada y sus cuatro hijos, entre ellos Juan Carlos de 9 años de edad, víctima con una severa discapacidad neurológica. La mujer seguirá con arresto domiciliario y pesa sobre ella la prohibición a que se aleje de la casa. El cumplimiento depende no sólo de la Policía, sino también del sacerdote Marcelo Nievas y una hermana de la imputada.
El Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Griselda Encina, mantiene hasta el momento la calificación de filicidio teniendo en cuanta que la mujer quemó el cuerpo además de intentar ocultarlo en el tambor y que restan los resultados de pericias que ahora la jueza González pidió que se aceleren.