Según la fiscal Mariana Millapi, se encuentran acreditados los hechos que involucran al personal que se encontraba de servicio en ese momento y detectó la existencia de un foco ígneo en la sala íntima, que en ese momento estaba siendo ocupada de manera provisoria por Walter Luciano Aybar, constatando que el colchón se había prendido fuego.

Cuando el interno era llevado de la sala, siendo las 22.17, se tornó agresivo y comenzó a arrojar golpes de puño hacia los uniformados intervinientes. Sin embargo, en lugar de actuar de manera conjunta y aplicar la mínima fuerza necesaria, los funcionarios acordaron “de manera conjunta y espontánea” incumplir los deberes propios de su función y cargo y aplicar al reo un trato “degradante” y un castigo “ilegal e innecesario”, según la acusación.

Fue así que el agente Juan Carlos Lucero Cortéz deliberadamente comenzó a medir fuerzas, transformando el procedimiento en un verdadero encuentro pugilístico. Como resultado de la acción y con apoyo del resto de los intervinientes, este guardia le provocó a Aybar hematomas en la región ocular izquierda, equimosis en la derecha y edema en ambos labios.

Tras ello la agente Alejandra Duarte -que cumplía funciones como oficial de guardia- se presentó con una escopeta y le efectuó un disparo directo a Aybar, lo que le provocó múltiples lesiones penetrantes en la región umbilical y flanco izquierdo, demandando que fuera trasladado al hospital zonal.

De acuerdo a lo previsto por el Ministerio Público Fiscal, la pretensión punitiva implica una pena que no superará los cinco años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo.

Cabe destacar que durante el proceso fueron sobreseídos Fernando Antieco, Jorge Arrative, Sergio Cardozo y Rolando Norambuena, quienes estuvieron presentes al momento de los hechos y habían sido imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.