Le rechazan recurso a Pablo Korn
Enrique Korn, padre y defensor del exfuncionario, había argumentado que a su asistido no se le permitió el derecho a legítima defensa. Manifestó que los fiscales que investigan el caso no le permitieron declarar, aportar pruebas y documentación cuatro días después –el 20 de septiembre del año pasado- de que diputados provinciales del Frente para la Victoria presentaran la denuncia por presuntos sobreprecios en la adquisición de materiales eléctricos para Comodoro Rivadavia tras la emergencia climática que afectó severamente los servicios en esta ciudad.

Pablo Korn estaba a cargo de los Servicios Públicos de la provincia y los elementos que se compraron se adquirieron a Oscar D’Amico, de un comercio del rubro de la ciudad de Trelew, allegado además –según los fiscales- al funcionario que pasó por varios cargos públicos, el más alto de los cuales fue como ministro Coordinador de Gabinete en 2008, cuando renunció Norberto Yauhar. D’Amico también se encuentra imputado en la misma causa que Korn, como partícipe necesario.

El juez Marcelo Orlando convalidó en la audiencia de ayer la postura de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, en el sentido de que el derecho a la legítima defensa comienza luego de la apertura de investigación que homologa un juez y no en la investigación previa que realizan los fiscales tras la recepción de una denuncia.

El abogado Korn, ante la posibilidad del revés en la resolución del juez Orlando, hizo “reserva Federal” del caso adelantando la posibilidad de una impugnación.

Por otra parte, como continuidad de la audiencia, se constituyeron tres querellantes para apuntalar la acusación e investigación junto a los fiscales. Se trata de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y los diputados denunciantes. Mario Romeo por la Oficina Anticorrupción, Javier Domínguez por la Fiscalía de Estado y Martín Mesa por los diputados del Frente para la Victoria.

Todos los querellantes coincidieron con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, además de la calificación legal que eligieron. El juez Orlando convalidó a los nuevos querellantes, no obstante las impugnaciones que podrá realizar la defensa.

LOS HECHOS QUE

SE INVESTIGAN

Los fiscales investigan lo ocurrido el año pasado durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Para Williams y Rodríguez, el imputado Pablo Korn en carácter de subsecretario de Servicios Públicos de Chubut, priorizo direccionar las compras a su “amigo y socio” Rubén D’Amico, sin haber siquiera realizado consultas a proveedores de esa ciudad o de Trelew.

Se trata de la compra de materiales por algo más de 3.700.000 pesos realizados al comercio de D’Amico para restablecer parte de los servicios públicos afectados por un fuerte temporal que sobre fines de marzo y principios de abril del año pasado azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Rodríguez manifestó que “la posibilidad de contratar en forma directa durante una emergencia no habilita a los funcionarios provinciales para que hagan cualquier cosa. Por ejemplo contratar a un amigo. Es obligación del funcionario justificar por qué eligió a ese proveedor”.

También manifestó que durante la investigación previa al pedido de apertura de investigación, “hemos reunido documentación y entrevistas que demuestra que en Comodoro Rivadavia y en Trelew hay otros proveedores del Estado y que a ellos no les compraron nada”.

También Rodríguez se refirió a la imputación elegida, la de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”. Dijo que esta figura penal “no exige daño contra el Estado, como podría ser por ejemplo un posible sobreprecio. Ni siquiera que haya existido un beneficio propio para Korn. En este caso la víctima es el Estado por el accionar de un funcionario que no le fue fiel”, destacó.

Rodríguez ya había destacado en la audiencia de apertura de investigación el significado que tiene en el proceso penal esta audiencia. Dijo que “la audiencia de apertura de investigación es una garantía que tiene la persona sospechada de un delito para que pueda acceder a toda la prueba y documentación que existe en su contra. El objetivo es que tenga todos los elementos en sus manos a fin de revertir durante el proceso la hipótesis del Ministerio Público Fiscal”.