Liberaron a cuatro de los detenidos por el femicidio de Araceli Fulles

Un tribunal colegiado liberó a Hernán Alberto Badaracco, Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas, cuatro de los cinco imputados por el crimen de la joven que fue encontrada muerta y enterrada en la localidad bonaerense de José León Suárez luego de que estuviera 25 días desaparecida. Los magistrados entendieron que hubo diversas irregularidades en la investigación.

Cuatro de los cinco detenidos por el femicidio de Araceli Fulles, la joven que fue hallada estrangulada y enterrada el 27 de abril en la localidad bonaerense de José León Suárez, fueron liberados por la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho.

Mediante una resolución de la Sala I de la Cámara, el viernes fueron liberados Hernán Alberto Badaracco (38); Carlos Damián Cassalz (34), Marcelo Ezequiel Escobedo (37) y Hugo Martín Cabañas (46), por lo que el único que permanece detenido -ya que su defensa no apeló- es Darío Badaracco (29), principal sospechoso del femicidio.

La falta de resultados de los peritajes a casi seis meses del femicidio, la mala conservación de las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo y el sembrado de “falsas pistas”, fueron los argumentos exhibidos por el presidente de la Sala, Carlos Hermelo, al que adhirieron sus colegas Javier Mariani y Patricia Toscano.

Los magistrados analizaron los 24 cuerpos del expediente instruido por la fiscal de San Martín Graciela López Pereyra, a raíz de la apelación presentada por el defensor oficial Fernando Luis Lagares contra la prisión preventiva de los cuatro acusados.

Tras esa lectura, consideraron que las deficiencias detectadas en torno al trabajo de los agentes estatales -fuerzas de seguridad y peritos- no permitieron obtener las pruebas necesarias que sustenten la prisión preventiva de los acusados, motivo por el cual ordenaron investigar la posible comisión de un delito de acción pública por parte de éstas.

Para los jueces, la resolución del caso se tornó de “muy difícil concreción” porque “las agencias estatales encargadas específicamente de la investigación no le acercaron a la fiscal -con la celeridad que el caso impone- las correspondientes diligencias que ordenara”.

Al respecto, ejemplificaron que todavía no se agregaron a la causa los resultados de los peritajes practicados sobre las evidencias físicas secuestradas.

“Más preocupante aún resulta la cuestión, cuando el perito del Laboratorio de Genética Forense de la Superintendencia de Policía Científica, al analizar las diferentes evidencias físicas relevadas, observa con relación a los elementos que ha de peritar que ‘este modo de conservación no cumple con los requisitos de conservación de los protocolos de recolección de muestras para ADN según convenio marco entre Ministerio de Seguridad y Procuración’”, añade la resolución.

Esas pruebas aludidas, aclararon los camaristas, son las que precisamente probarían la presencia de la víctima en el lugar donde se presume que fue asesinada.

“Amén de lo expuesto, contribuye a la mayor complejidad de la investigación el hecho recurrente de que en sucesos como el que nos ocupa, con el objetivo de desviar la atención, se siembren ‘falsas pistas’”, tales como “bijouterie, una chalina, un lazo con aparentes rastros de la víctima, entre otros, los que fueran localizados por los canes a través de su olfato en distintos lugares”, agregó.

Por tal motivo, en sus fundamentos, el juez Hermelo expresó: “no puedo más que concluir que debido a la ausencia en autos del resultado de gran cantidad de diligencias probatorias, dada la ineficiencia del sistema investigativo de esta provincia basada en el accionar de las agencias estatales que laboran en el campo específico de la recolección de probanzas, los imputados por los que aquí viene cuestionada su medida de coerción no pueden permanecer privados de su libertad, al menos no, en este contexto”.

En la misma resolución, los jueces recomendaron a la fiscalía que urja las diligencias ordenadas y que quedaron pendientes de producción y que la Fiscalía General inicie una investigación por las irregularidades mencionadas, ante la probable comisión de un delito de acción pública.

25 DIAS DESAPARECIDA

La prisión preventiva de los cinco detenidos había sido dictada el 5 de junio por el juez de Garantías 1 de San Martín, Martín Porto, a pedido de la fiscal López Pereyra.

Araceli fue vista por última vez la madrugada del 2 de abril en una plaza cercana a su casa y su cuerpo fue hallado el 27 del mismo mes, gracias a la intervención de perros de Punta Alta, debajo de unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaracco, en Alfonsina Storni 4477 de José León Suárez.

La autopsia determinó que la joven murió por “asfixia mecánica” por “estrangulamiento a lazo” con un elemento compatible con precintos plásticos.

Badaracco declaró tres veces como testigo antes de ser imputado, la última vez el mismo día del hallazgo del cuerpo, pero se mantuvo prófugo un día, hasta que la noche del 28 de abril fue detenido detrás de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño gracias a una vecina que lo reconoció por la calle.

La mujer de Badaracco reconoció ante la Justicia que había mentido en su primera declaración para favorecer a su marido y que tenga coartada.

Claudia Guzmán dijo que la verdad era que la madrugada en la que se cree ocurrió el crimen ella no estuvo con Badaracco y que incluso un día antes del hallazgo del cadáver éste le había pedido que consiga un albañil para hacer una losa en el sitio donde los canes encontraron enterrado el cuerpo de Araceli.

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