El abogado gremial Enrique Papa hizo saber que "no está configurado el delito, sino todo lo contrario. No existe coacción agravada. Lo único que hicieron los trabajadores fue reclamar por sus derechos en un paro muy duro y largo, pero sin dejar de ser un derecho constitucional".

Al mismo tiempo, precisó que "sin dudas esto es parte de la campaña de criminalización de la protesta. Este juicio que es del año 2005, estuvo 7 años en la Cámara y justo lo sacan coincidentemente con el corte de ruta de los docentes del año 2011".

También hizo saber que planteará "la absolución y sobreseimiento de los imputados, ya que no se cometió ningún tipo de delito. No está configurada la coacción agravada y tampoco hay pruebas de que los procesados estuvieran a cargo del delito. Hay declaraciones contradictorias y la mayoría de los testigos van a plantear el conflicto, pero no hubo coacción; es decir intimidación para hacer algo antijurídico porque se estaba reclamando por un aumento salarial".

Por otra parte, indicó que el Código Penal establece una pena máxima de diez años por coacción agravada, pero remarcó que en el caso de Santa Cruz "es una figura jurídica que se usa mucho, tanto en Truncado como en Las Heras, principalmente por los jueces de instrucción Eduardo Quelín y Graciela Ruata de Leone, para poder detener a los trabajadores".

Finalmente, al ser consultado sobre el presunto amedrentamiento por parte de los trabajadores hacia el intendente Osvaldo Maimó con la utilización de un arma de fuego, Papa respondió que "es folklore, ya que en la causa ello no está planteado".