Los bolivianos definen si el país tendrá una nueva Constitución

Un padrón de 3.891.397 bolivianos decidirá hoy si aprueba o rechaza una nueva Constitución, la primera de las 15 que ya conoció Bolivia desde que fuera fundada por Simón Bolívar, en 1825, que será sometida “al voto del pueblo”.

La Paz (Télam)
La nueva Constitución, impulsada por el presidente Evo Morales, y consensuada en octubre con una parte de la oposición, que introdujo más de 100 modificaciones, propone la “refundación” de Bolivia como Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, democrático y con autonomías”, según lo establece el primero de sus 411 artículos.
Este proyecto constitucional constituye la columna vertebral del proceso de cambio y la “revolución democrática y cultural” con la que Morales quiere construir la “nueva Bolivia” que rompa definitivamente con su pasado “colonial” y “neoliberal”.
Orientado a la integración de los pueblos indígenas o “naciones originarias”, el texto garantiza “su libre determinación en el marco de la unidad del Estado” y les asegura representación en instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional (que sustituirá al actual Congreso) y en el Tribunal Constitucional.
El texto también recoge la demanda autonómica de varios departamentos (provincias) del país, aunque sin las facultades de estatutos aprobados fuera de todo marco constitucional, que reivindican sus prefectos (gobernadores) opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, los principales defensores del “No” a la nueva Carta Magna.
El proyecto establece cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, y obliga a la aprobación de una ley de Autonomías y Descentralización que regulará la elaboración de nuevos estatutos autonómicos.
En materia económica, el Estado se convierte en el “actor central” de un modelo que también reconoce la propiedad privada, comunitaria y cooperativa, con la obligación de generar “trabajo digno” y contribuir a la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza.
Con esta Constitución, los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, “son propiedad inalienable del pueblo boliviano y el Estado los administrará en función del interés colectivo”, por lo que asume el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos estratégicos.

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