Si algo tiene de bueno la Patagonia es que es un territorio donde vivimos en paz. Ha sido una amalgama étnica que desde hace más de un siglo nos incluye a todos, los que ya estaban, los que vinieron y los que nacimos acá.

Los patagónicos, a pesar de nuestras diferencias o similitudes, hemos sabido construir un espacio donde se puede progresar en base a nuestro trabajo, cumplir con nuestro ciclo vital y disfrutar de la vida.

Nuestra sangre tiene un poco de todo, nos sentimos orgullosos herederos de nuestros ancestros y especialmente responsables de cuidar nuestra tierra.

Lo hemos demostrado con bravura en 1982 a la hora de defender nuestros derechos sobre el Atlántico, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y llevamos la causa nacional de Malvinas en nuestro corazón.

También se agita nuestro corazón cuando por cualquier razón vemos vulnerada la flora o la fauna autóctona.

Generación tras generación hemos ido incorporando el concepto de “conservar para disfrutar” de los bienes colectivos que nos da la naturaleza. Nuestra vida es corta y debemos transitarla sin dañar de manera permanente este soporte vital que es nuestra tierra.

La Patagonia es así, espacio enorme, clima duro, paisajes hermosos, historia de personas y de desafíos. Como zona geográfica, la Patagonia en su enorme variedad es una región donde ejercen soberanía dos estados nacionales sudamericanos: la República Argentina y la República de Chile, idealmente demarcados por la Cordillera de los Andes.

Los patagónicos de uno y otro lado amamos a nuestros países, pero también reclamamos por nuestros derechos a recibir del país al menos el equivalente a lo que aportamos al progreso de la Nación.

En ese sentido las políticas públicas en Argentina son más benignas desde el punto de vista social, ya que del lado chileno la administración es más centralista, no existió el peronismo y el contraste entre los trabajadores y los ricos es más evidente, especialmente en el campo del Trabajo, la Salud y Educación.

Pero en lo que respecta a obras de infraestructura y recursos para cuidar el medioambiente, ambos países mantienen una deuda histórica con los habitantes del lejano sur.

En Comodoro no tenemos un suministro adecuado de agua potable, pues se destinan más recursos públicos y privados para retirar las riquezas del subsuelo que para darle de beber a los pobladores.

También nos ocurre lo mismo con las obras de saneamiento necesarias para no contaminar el mar.

Ciento cincuenta toneladas diarias de detritos humanos se vierten sin ningún tratamiento en la playa, mientras el Enhosa nos pide más papeles.

Este verano se suma un motivo más de seria preocupación. Los patagónicos de Chubut y de Río Negro estamos padeciendo la destrucción intencional de nuestros bosques milenarios.

Hasta ahora parecía que mientras el resto del mundo se debate entre peligrosos conflictos geopolíticos, nuestro territorio patagónico se encontraba en cierta medida preservado de sus consecuencias. Pero parece que estamos envueltos en problemas propios, igual de graves.

Aún no se ha determinado judicialmente la génesis del fuego, por lo que los pobladores especulan entre tres alternativas: a) Un desmonte con el objeto de generar espacios de tierra para la venta, b) La generación de una buena cosecha de los sobrevaluados hongos de ciprés, que proliferan tras el incendio, y c) Reclamos gremiales de los encargados de cuidar el bosque y de los brigadistas encargados de apagarlo.

Los tres argumentos suenan bastante disparatados, especialmente teniendo en cuenta la forma del incendio ocurrido en la entrada del Parque Nacional Lago Puelo, donde no hay posibilidad de loteo, ni de recolección comercial de hongos y donde los más expuestos son los propios trabajadores del Parque.

Debemos extremar las precauciones en la búsqueda de la verdad, sin permitir que las pretensiones electorales circunstanciales nos tapen la solución de tan grave peligro para la comunidad.

Debemos reclamar la ayuda de la Nación para controlar el espacio del bosque nativo, sumar herramientas de gestión y dotar a la lucha contra el fuego de los mejores recursos humanos y materiales.

Pero tampoco se nos puede pasar por alto que este estrago doloso constituye un delito de acción pública que obliga a la Justicia provincial a averiguar qué personas e intereses se esconden detrás de las columnas de fuego.