Los Dragones detenidos con un arsenal terminaron beneficiados con la probation

Con una suspensión de juicio a prueba fueron beneficiados siete de los ocho gremialistas de la construcción de la fracción conocida como “dragones” que resultaron detenidos en la tarde del jueves 19 de noviembre del año pasado con armas de fuego. En un hecho que generó un clima de mucha tensión, habían protagonizado un tiroteo en inmediaciones de Rivadavia y Alsina. Sólo uno será sometido a juicio oral y público porque no pudo acceder al beneficio en virtud de sus antecedentes.

Los beneficiados con la probation son Néstor Rosendo  Herrera (43), Julio César Coñuecar (27), Víctor Fabián Villarroel Andrade (30), Marcos Leonardo Navarro (23), Rodolfo Ramón Tobar (32), Daniel Ojeda (40) y  David René Gutiérrez (27). Mientras, el único que irá a juicio será Gustavo Javier Vera (31), quien no pudo acceder a la suspensión de juicio a prueba por contar con antecedentes penales.
Así lo resolvió el juez natural de la causa, Américo Juárez a solicitud de las partes y en ese marco se les aplicó el término de un año y medio, por lo que en ese tiempo no podrán cometer nuevos delitos. De lo contrario se les revocará la probation y tendrán que cumplir la pena.

ARMADOS
Se debe recordar que el hecho que protagonizaron los integrantes del sindicato “Los Dragones”, ocurrió poco antes de las 16 del jueves 19 de noviembre de 2009 en inmediaciones de Rivadavia y Alsina.
En esa oportunidad, efectivos de la Policía Comunitaria viajaban en la línea 3 del transporte público de pasajeros cuando observaron a un grupo que se distribuía armas y efectuaba disparos, por lo que pararon el colectivo y procedieron a intentar detenerlos.
Una empleada policial alcanzó a reducir a un individuo de cabello largo que le apuntaba a la cara con un revólver, pero otros integrantes del grupo se acercaron y lo liberaron, para lo cual golpearon a la mujer policía en el rostro. Así se dieron a la fuga y subieron a una Toyota Hilux (dominio HZJ-731) que salió por Rivadavia hacia el oeste.
El resto de la policía ya había sido alertada, por lo que se armó un operativo cerrojo y la camioneta fue interceptada en Rivadavia y Alvear. Allí se constató que cargaban una importante cantidad de armas de todo tipo y calibre, como así también un arsenal de municiones, tanto de uso civil como de guerra.
Por esos días existía un clima de suma tensión entre los sindicalistas de la construcción. Los Dragones y la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) se disputaban la conducción del gremio. Además, esa misma tarde había arribado a Comodoro Rivadavia el ex presidente Néstor Kirchner, por lo que el tenso clima se extendía también a la esfera política.

CONTROL
El control de detención se llevó a cabo durante las horas posteriores en medio de una fuerte custodia policial, tanto dentro como fuera de la Oficina Judicial. El acto fue presidido por el juez penal, Américo Juárez y la fiscalía estuvo representada por el fiscal general, Marcelo Crettón. En tanto que la defensa de los detenidos fue ejercida por los abogados particulares, María Van Raap y Belén Gallegos.
En ese contexto la fiscalía los imputó por los delitos de portación y tenencia de armas de fuego de uso civil, portación y tenencia de armas de fuego de guerra, atentado y resistencia a la autoridad, y abuso de arma. Todo ello en concurso real.
También solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, pero el juez no hizo lugar, teniendo en cuenta que se trataba de delitos excarcelables. En virtud de ello les otorgó la libertad y ordenó que se presenten cada 15 días en el Ministerio Fiscal.
La causa finalmente recayó en el fiscal general, Juan Carlos Caperochipi, quien tras culminar la investigación los acusó como coautores del delito de tenencia ilegítima compartida de arma de fuego de uso civil en concurso ideal con tenencia ilegítima compartida de arma de fuego de guerra. En tanto que respecto a la pretensión punitiva sostuvo que la pena no debía ser mayor a los 4 años de prisión.
A todo esto los imputados continuaron asesorados por el abogado particular, Gustavo Chocobar, con quien se acordó realizar la suspensión de juicio a prueba para los siete imputados antes nombrados y elevar la causa a juicio en el caso de Vera.

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