Los problemas de los medidores comunitarios
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada durante años ofreció medidores comunitarios para que los habitantes de los asentamientos pudieran tener una manera de pagar por el servicio de electricidad. Esta medida proporcionaba una solución parcial al problema ya que los habitantes del lugar tenían que administrar entre ellos los gastos de electricidad y debían afrontar grandes sumas de dinero, lo que generaba diversos inconvenientes.
"Vos te juntas con los vecinos y tenés que administrar la luz. Es decir, hay veces que decimos bueno no prendamos la tele si vamos a usarlo para calefaccionar la casa y así. Los primeros días todo bien. Después se te va de las manos. Muchos no pueden pagar u otro dicen que no gastaron tanto porque están todo el día trabajando. Se genera una discusión y terminamos no pagando y generando una deuda con la Cooperativa", explicó Lorena Gutiérrez, habitante del barrio Las Américas.
Una fuente de la Municipalidad manifestó que la decisión de instalar medidores comunitarios en los asentamientos no es una iniciativa clara ya que con un elemento de estas características no se "sabe cuánto se gasta de electricidad".
"La Cooperativa viene y te instala el medidor comunitario y prácticamente te dice: 'arréglense'. Estas a la deriva y al comienzo está todo bien, pero cuando se arma el lío, ellos vienen y te cobran igual y no es la idea. Uno quiere pagar pero no cualquier costo y ahí comienza la pelea entre el municipio y la Cooperativa porque se tiran la pelota uno a otro y nadie nos termina dando una solución", manifestó Lorena.
Mientras, el gerente comercial de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Fernando Lebrún, argumentó al respecto: "dejamos de usar los medidores comunitarios porque cuando aparecían asentamientos poníamos un solo medidor que compartían los vecinos y el problema comenzaba en la evolución de ese asentamiento donde primero eran 20 familias, luego 30 y así sucesivamente. Esta era una medida transitoria que habían implementado hace más de diez años y pueden que queden en algunos barrios donde no se han podido regularizar", explicó.