En el encuentro que el Consejo de la Magistratura desarrolló el jueves, se creó además una comisión de admisibilidad para evaluar la denuncia del ministro de Economía, Oscar Antonena, contra el fiscal Fernando Rivarola, y se avanzó en la reforma de reglamentos para incorporar más actividades por la vía remota.
El jueves por la tarde volvió a realizarse así una nueva sesión ordinaria el Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut, con la participación de la totalidad de sus 14 miembros a través de la modalidad de videoconferencia, tal como se había implementado en la sesión anterior, producto de las medidas de aislamiento que se mantienen por la pandemia de COVID-19.
En este caso, cada uno de los integrantes participó desde su lugar de residencia, y fue presidida desde la sede del consejo ubicada en Coronel Rosales 11 de Trelew, por el presidente, Enrique Maglione.
Uno de los puntos más trascendentes fue la designación de los abogados para integrar la lista de conjueces del Superior Tribunal de Justicia durante 2020, con tres abogados por cada una de las circunscripciones.
La nómina quedó conformada de la siguiente manera: por Comodoro Rivadavia, los abogados Nélida León de Escribano, Eduardo José De Villafañe y Javier Mosquera; por Trelew, Jorge Chialva, Mario Cimadevilla y Hemilse Rene Trujillo; por Puerto Madryn, María Belén Iglesias, Sebastián Villahoz y Ramiro Castellano; por Esquel, Juan Carlos Goya, Ana María Migueles y Ricardo Gerosa Lewis; y por Sarmiento, Fabiana Uribe, Edgardo Guillermo Hughes Jenkins y Karina Andrea Aizpitarte.
DENUNCIA A RIVAROLA
Otro de los puntos abordados durante la sesión, se incorporó una denuncia que hizo el ministro de Economía de la provincia, Oscar Antonena, contra el fiscal Fernando Rivarola, por haberle imputado el delito de abuso de autoridad ante su decisión de depositar los haberes a los empleados legislativos antes que al resto de los rangos 3 y 4 durante la primera semana de en marzo.
El ministro provincial denunció la presunta falta de objetividad del fiscal Rivarola, por entender que incurrió en una falta al tratar de impulsar la acción pública y pedir la apertura de una investigación, siendo que pertenece a la misma Asociación de Magistrados que presentó la denuncia en su contra.
Ante este planteo, el Consejo resolvió el jueves que se conforme una Comisión de Admisibilidad de la denuncia, que tiene dos caminos: ser desechada o ser admitida, lo que en el segundo caso, demandaría la designación de un instructor para que lleve adelante el sumario.