Mantienen la prisión preventiva de uno de los condenados por el homicidio de Blanco

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló el viernes una audiencia de revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Gustavo Martínez, condenado por el homicidio en ocasión de robo del empresario Santiago Blanco. Dicha revisión debe efectuarse en forma periódica hasta que una sentencia quede firme. La fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva hasta la audiencia de cesura o imposición de pena. En contraposición, la defensa pidió su libertad y en caso contrario su arresto domiciliario. El tribunal resolvió mantener la medida privativa de la libertad hasta el 22 de noviembre cuando se le imponga la pena. En la misma causa está condenado a 17 años de prisión Lucas Avila Maya, como autor de homicidio en ocasión de robo.

El tribunal de revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Gustavo Jesús Martínez estuvo conformado por las juezas penales Daniela Arcuri y Mariel Suárez. En dicha audiencia el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las funcionarias fiscales Inés Bartels y Fabiola López. Mientras, la defensa del condenado fue ejercida por la defensora pública Cristina Sadino.

Las funcionarias de fiscalía requirieron que se mantenga la prisión preventiva que viene cumpliendo Martínez por el delito ocurrido el 5 de agosto de 2014 donde se lo imputó como autor de “homicidio en ocasión de robo, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, y por provocar lesiones graves”. Desde la fecha del control de detención 7 de agosto de 2014, Martínez viene cumpliendo prisión preventiva. Luego, durante el desarrollo del juicio, fue declarado por mayoría autor del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego” y condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal –como parte acusadora- presentó un recurso de impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia, el 2 de noviembre de 2015 para que se le aplicara una pena más severa. Así, en septiembre de 2016 el máximo tribunal de la provincia hizo lugar al recurso fiscal y condenó a Martínez como coautor del delito de “homicidio en ocasión de robo”.

Asimismo, el Superior Tribunal dispuso el reenvío de las actuaciones y realizar un nuevo juicio de cesura –o de imposición de pena-, cuya fecha fue dispuesta para el 22 de noviembre de este año. Si bien ya se ha excedido el tiempo que una persona puede estar en prisión preventiva, Martínez fue condenado por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, con una pena mínima de 10 años de prisión. A partir del peligro de fuga se solicitó desde la fiscalía el mantenimiento de la prisión preventiva de Martínez hasta la audiencia de cesura cuando se resuelva la pena que le corresponde.

Mientras, la defensa resaltó los cuatro años y un mes que su asistido viene cumpliendo la prisión preventiva, sin sentencia firme. “Hasta tanto no haya una sentencia firme las audiencias como las de hoy van a suceder”, argumentó.

Así, invocó el Pacto de San José de Costa Rica sobre que la prisión preventiva debe tener un plazo determinado y no uno incierto. Para la defensa el peligro de fuga no está dado. Manifestó que si bien la pena que se espera puede ser de cierta gravedad, su asistido siempre se presentó a las audiencias y no ha habido circunstancia que presuma que se fugará. Concluyó que el peligro de fuga no es real y que su asistido no se sustraerá de la Justicia por lo que solicitó su libertad o subsidiariamente su arresto domiciliario.

Finalmente las juezas resolvieron mantener la prisión preventiva que pesa sobre Martínez hasta el 22 de noviembre, fecha en que se realizará la audiencia de cesura. Asimismo las juezas entendieron que era proporcional la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

ROBO Y MUERTE

El caso por el cual se lo condenó a Martínez ocurrió en la tarde del 5 de agosto de 2014. Días anteriores, según el relato de la Fiscalía, los tres imputados, Gustavo Martínez, Mariela Martínez –finalmente absuelta en el juicio- y Lucas Ávila Maya, todos oriundos de Mendoza, habrían realizado tareas de inteligencia frente al domicilio de las víctimas.

Finalmente, el 5 de agosto, luego de una minuciosa vigilancia, Gustavo Martínez y Avila Maya ingresaron al domicilio de la familia Blanco, en el barrio Pueyrredón. Lo hicieron por la parte trasera y sorprendieron a sus ocupantes en el interior, exigiéndoles que les entregaran dinero.

La dueña de casa comenzó a gritar provocando que su marido que estaba en la planta alta se despertara. Este tomó un arma de fuego que guardaba y bajó las escaleras. Al observar que su esposa y su hijo estaban siendo intimidados por los agresores, les gritó provocando que Martínez y Ávila Maya comenzaran a disparar al menos en cinco oportunidades y el propietario de la vivienda repelió la agresión.

Los disparos efectuados por los asaltantes hirieron a los tres integrantes de la familia. Santiago Blanco, el hijo del matrimonio dueño de casa, falleció producto del impacto de bala que recibió en su abdomen.

Mientras, Gustavo Martínez fue alcanzado por un proyectil que impactó en su abdomen, pero logró huir malherido en el vehículo en el que se desplazaba con Avila Maya. Luego fue abandonado en la Clínica del Valle, desde donde fue trasladado al Hospital Regional. Allí permaneció internado en calidad de detenido hasta su recuperación.

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