Marcharon contra la modificación de la ley de Salud Mental: "es un retroceso terrible"

Lo dijo Anabella Chiarotto, madre y vocera del grupo de padres y terapeutas de niños y adolescentes con distintos trastornos de salud, que marcharon esta tarde por el centro de la ciudad.

Tal como estaba previsto, a las 16:30, en la plaza de la escuela 83, padres de niños con distintos trastornos de salud mental expresaron su rechazo a la reforma de la ley que se impulsa desde el gobierno nacional. La misma anula el pago de terapeutas y otras atenciones y coberturas que los pacientes reciben hasta el momento.

La convocatoria surgió a partir de padres de chicos con autismo, entre ellas Anabella Chiarotto, que ofició como vocera de la inquietud. “Si se llegara a firmar el decreto, se sacarían las terapias, lo es terapia ocupacional, psicólogo, musicoterapiasta, acompañantes terapéuticos y volverían los manicomios a cargo de psiquiatras, como era hace 30 años atrás”

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“Allí se los aislaba a los enfermos y así estaríamos pasando por encima de los derechos adquiridos de los niños. Es un retroceso terrible para la sociedad y para lo que es la Ley de Salud Mental”, recalcó Chiarotto en diálogo con El Patagónico.

Esta tarde fueron alrededor de 50 personas las que se manifestaron en contra de los cambios en la ley de Salud Mental. Cabe recordar que la reforma, entre otras cosas, elimina la atención y cobertura al 80%, que las obras sociales tienen actualmente para atender casos como autismo, down y otros trastornos de conductas que, para su atención, necesitan de prestaciones de terapeutas, masajistas y musicoterapeutas, entre otros.“

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El cuestionado proyecto de ley está contenido en un decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa la Dirección Nacional de Salud Mental de ministerio de Salud de Nación y que está a la firma del presidente Macri.

La propuesta ya fue rechazada por organizaciones de derechos humanos y de la salud que, además del perjuicio que representaría para los pacientes y su familia, aseguran que fue redactado sin la consulta a los equipos de salud y organizaciones que reúnen a los grupos que serán afectados por la reforma.

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