La situación de los jubilados y pensionados en la Argentina sigue estando bajo alerta. Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, advirtió que los haberes actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores y describió un escenario atravesado por tres problemas centrales: alimentación, salud y vivienda.

“Los $470.000, aproximadamente, que cobran más de 4 millones de jubilados, en realidad cubren no más de un 25% o 30% de la canasta del jubilado cuando incorporamos gastos de vivienda”, señaló Semino, en diálogo con Perfil.

El defensor sostuvo que el deterioro de los ingresos previsionales ya no puede medirse únicamente por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, sino por su impacto concreto en la vida cotidiana. “La obviedad es que los jubilados no pueden ni remotamente subsistir”, afirmó.

Desde la Defensoría de la Tercera Edad, aseguró, reciben entre 200 y 400 consultas por día. Allí aparecen con fuerza los mismos reclamos: jubilados que no pueden pagar medicamentos, adultos mayores que viven en pensiones, personas que siguen trabajando de manera informal o que dependen de comedores, subsidios menores o ayuda de terceros para llegar a fin de mes.

Semino explicó que una parte importante de los adultos mayores atraviesa esta situación sin ningún tipo de contención. “Tenemos casi 2 millones de jubilados que no tienen red social ni red familiar”, advirtió.

En esos casos, la falta de ingresos suficientes se combina con aislamiento, problemas de salud y dificultades habitacionales. Según describió, muchos jubilados continúan trabajando “de lo que pueden”, mientras otros buscan programas de asistencia o concurren a comedores comunitarios.

El defensor marcó que la crisis de los jubilados tiene una dimensión humanitaria porque afecta directamente las condiciones mínimas de vida. “Los jubilados o las personas mayores perdieron la calidad de vida y, en el transcurso de todo esto, se pierden vidas”, sostuvo.

EL TEMA DE LA VIVIENDA

Uno de los puntos más sensibles es el gasto habitacional. Semino explicó que muchos adultos mayores viven en pensiones de las grandes ciudades. En la Ciudad de Buenos Aires, mencionó los casos de San Telmo y Montserrat, donde una habitación con baño compartido puede costar alrededor de $250.000.

Ese monto representa más de la mitad de una jubilación mínima con bono. “Lo que queda del resto del haber tiene que alcanzar para comer y demás, cosa que es imposible”, planteó.

El problema también alcanza a quienes tienen vivienda propia. Según Semino, alrededor del 40% de los adultos mayores son propietarios, pero muchos no pueden sostener los gastos de mantenimiento del inmueble. En grandes centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba o Mendoza, una expensa puede ubicarse entre $250.000 y $300.000. “Ni el jubilado puede pagar un alquiler, ni tiene una situación holgada quien tiene un inmueble”, resumió.

EL DETERIORO EN LA SALUD Y EL PAMI

El deterioro de los ingresos también golpea sobre la salud. Semino advirtió que muchos jubilados ya no pueden comprar sus medicamentos, incluso cuando cuentan con descuentos. Eso deriva en tratamientos interrumpidos o realizados de manera incompleta.

“El jubilado no puede comprar su medicamento aún con descuento, por lo cual tenemos una enorme cantidad de tratamientos interrumpidos o tratamientos que se llevan a medias”, señaló.

El defensor explicó que, en muchos casos, las personas mayores reducen dosis para estirar la medicación. “La persona que tiene que tomar dos dosis por día toma una y hace lo que puede”, describió.

El riesgo, advirtió, es especialmente grave en enfermedades asintomáticas, como la hipertensión. “Los primeros medicamentos que se dejan de tomar son los de enfermedades asintomáticas. La más característica en las personas mayores es la hipertensión, que no da síntomas hasta el primero de esos síntomas, que es un infarto o un accidente cerebrovascular”, afirmó.

Semino también alertó por la situación sanitaria de los adultos mayores. Según indicó, la atención no llega “en tiempo y forma” y eso agrava los cuadros médicos.

El defensor cuestionó tanto al PAMI como al resto de las obras sociales. Señaló que muchas obras sociales buscan desprenderse de los jubilados, no toman nuevos afiliados y derivan los casos hacia el sistema público previsional. Sobre el PAMI, fue especialmente crítico: “Es lamentablemente catastrófico en términos de lo prestacional”.

Según Semino, una persona mayor con una dolencia puede tardar “no menos de seis meses” en llegar a un diagnóstico, entre el médico de cabecera, el especialista y los estudios correspondientes. En muchos casos, dijo, esa demora hace que las patologías avancen y terminen en una guardia.

“La mayoría de los casos esas patologías hacen etapas agudas y terminan en una guardia”, explicó.

EL BONO CONGELADO Y EL RECLAMO JUDICIAL

Otro de los puntos que cuestionó Semino es el bono previsional de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024. Para el defensor, el problema no es sólo el monto, sino el carácter discrecional de ese pago.

“Es un disparate que el Estado argentino pague 6 millones de beneficios con una suma que es discrecional. Es una suma que determina el príncipe de turno”, sostuvo.

Semino recordó que la Defensoría de la Tercera Edad ya planteó judicialmente la necesidad de incorporar el bono al haber. Según estimó, si ese refuerzo se hubiera actualizado, hoy debería rondar los $150.000.

También mencionó que hubo dos leyes sancionadas, en agosto de 2024 y agosto de 2025, que proponían una modificación mínima de la movilidad jubilatoria, con un aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con la actualización e incorporación del bono. Ambas fueron vetadas por el Poder Ejecutivo.

En esos casos, la Defensoría, junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, presentó planteos de inconstitucionalidad contra los fundamentos de los vetos. “Los expedientes siguen su curso por los tiempos vaticanos que tiene la Justicia argentina”, cuestionó Semino.