Más de 5,3 millones de catalanes están llamados a votar hoy su independencia

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, envió 10.000 agentes de policía a Cataluña para reforzar a los 16.000 Mossos d'Esquadra, la policía catalana, en las labores de mantenimiento del orden público y cumplimiento de las órdenes judiciales. Es para impedir la votación considerada "ilegal".

Más de 5,3 millones de catalanes están llamados a votar hoy en un referéndum de secesión que fue declarado ilegal por España y que quedó en manos de militantes independentistas que mantienen ocupados decenas de centros de votación y podrían “tomar” otros espacios para que la Policía no impida la consulta.Lo que pase finalmente con el referéndum de hoy dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos durante las horas previas al comienzo de la jornada electoral, cuando los agentes de la policía catalana tienen que haber desalojado la gran mayoría de los puntos de votación, cumpliendo órdenes de la Justicia. El referéndum catalán abrió la mayor crisis política e institucional de la historia reciente de la democracia en España. Los independentistas dicen actuar amparados en su “derecho a la autodeterminación”, reconocido por las leyes internacionales, mientras el Gobierno central de Madrid argumenta que su obligación es evitar que los catalanes voten para defender el marco Constitucional y de convivencia, que impide romper con la unidad del país. El gobierno regional de Cataluña insiste en que los catalanes podrán votar, pese a que la Justicia española lo prohibió, incluso si la Policía “cierra colegios electorales o los asalta”, según palabras del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. “Tenemos un plan A, B y C para que el referéndum se pueda celebrar. Nosotros no estamos en la logística, de eso se encarga el gobierno, pero desde los ayuntamientos y las calles estamos ayudando”, dijo Carles Riera, diputado de la CUP (Candidatura de Unidad Popular ), la fuerza anticapitalista que brinda apoyo a Puigdemont y sin la cual el desafío secesionista nunca hubiese llegado a este punto decisivo. “La respuesta será ocupación masiva y no violencia. Existe un tejido social y cultural detrás, incluso la Iglesia puso a disposición espacio para votar, y allí la policía no puede entrar”, remarcó el dirigente independentista en declaraciones a Télam.El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, envió 10.000 agentes de policía a Cataluña para reforzar a los 16.000 Mossos d’Esquadra (policía catalana) en las labores de mantenimiento del orden público y cumplimiento de las órdenes judiciales para impedir el referéndum, que aseguran que no se celebrará porque es “ilegal”. El gobierno regional catalán, en manos Carles Puigdemont, pretende abrir 2.315 centros electorales en distintos puntos de Cataluña con 6.249 mesas con urnas y afirma que tiene más de 7.000 voluntarios involucrados en esta tarea. Dejó claro que el éxito de la convocatoria dependerá de la movilización de los propios militantes independentistas.Desde el viernes por la tarde, como parte de una iniciativa bautizada “Escuelas Abiertas”, que fue lanzada por una plataforma educativa y cuenta con 60.000 “inscritos”, decenas de padres “ocuparon” los colegios de sus hijos, donde realizan juegos con la intención de mantenerlos abiertos y así defender esos lugares como espacio de votación. Por el momento, los datos oficiales disponibles señalan que solo están ocupados 163 de los 1.300 colegios electorales que fueron precintados por la policía catalana, informó a Télam una fuente de la Delegación del Gobierno central en Cataluña. Se trata del 12% del total, con lo que el gobierno subraya que el 88% de los colegios están cerrados. La mayoría pertenece a Barcelona y el área metropolitana, así como a la provincia, con lo que el dato es clave, puesto que el voto de la capital catalana es decisivo.

INTERVENCIONLa Guardia Civil española intervino ayer el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de Información (CTTI), para que sus servicios informáticos no sean utilizados para dar soporte al referéndum. El Gobierno español señaló que de esta forma los independentistas ya no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para la votación, pero el vocero del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, señaló que “no afecta la logística”. Una fuente independentista confió a Télam que cuentan con un sistema de apoyo en territorio francés. Con este escenario, la incógnita sigue siendo si los catalanes podrán votar o no y, en caso de que lo hagan, si habrá garantías suficientes para que el resultado tenga legitimidad. La ley del referéndum que ellos mismos aprobaron en el parlamento regional y que el Tribunal Constitucional español anuló, no establece un mínimo de participación popular, con lo que si se produce la votación y en el recuento hay más boletas a favor del “Sí” que del “No”, entonces se aplicarán los resultados. Otras de las cuestiones que afectan a la transparencia es el censo electoral. Pero, si no se puede votar en todos lados -algo que sí se asume los independentistas-, se “rebajará” el censo, admitieron desde la CUP. Dado el “asedio del Estado”, “un millón de votos en el referéndum sería un éxito desbordante”, sostuvo ayer Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las dos grandes organizaciones civiles que impulsa la secesión. En la consulta simbólica del 9 de noviembre de 2014, participaron 2,4 millones de personas, que votaron de forma abrumadora a favor de la secesión. Las organizaciones independentistas insisten en plantear un escenario en el que se podrá votar, y que se hará de “forma pacífica y tranquila”, y cada voto “será un ejercicio de responsabilidad frente a la intolerancia del Estado”. El mayor temor es que se produzca algún tipo de violencia, ya que el fuerte del movimiento independentista catalán es su carácter pacífico. Una represión violenta cambiaría radicalmente la situación. “Si la violencia (del Estado español) aplasta el movimiento y la ‘dictadura’ impide que se vote en la mayoría de los lugares, entonces declaramos la República independiente, y luego convocaremos un referéndum”, advirtió a Télam el diputado de la CUP Carles Riera.

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