Más de un tercio de la infancia sufrió inseguridad alimentaria en 2024

Según un informe de la UCA, el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes argentinos vivieron alguna forma de privación alimentaria. El fenómeno, que antes se concentraba en los sectores más vulnerables, se extendió también a la clase media empobrecida.

Durante 2024, la alimentación se transformó en una variable de ajuste en millones de hogares argentinos. Un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes del país padecieron algún tipo de inseguridad alimentaria, ya sea por la reducción de porciones, la sustitución de alimentos nutritivos por otros de menor calidad o, directamente, por saltearse comidas y pasar hambre.

El estudio, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, advierte que la problemática no solo afecta a los sectores históricamente más empobrecidos, sino que también se ha expandido a hogares de clase media empobrecida y clase media tradicional.

Entre los factores señalados, se destaca el fuerte incremento del costo de vida durante 2024, con una inflación acumulada del 117,8%, y un aumento del 106,6% en la Canasta Básica Total, según datos del INDEC. Esta situación obligó a muchas familias a realizar profundos recortes en sus hábitos de consumo, priorizando servicios como la escolaridad privada o la medicina prepaga por sobre una alimentación saludable.

El informe de la UCA divide a los hogares en cuatro estratos socioeconómicos. La inseguridad alimentaria afectó al 67,4% de los niños y adolescentes del segmento “muy bajo” (pobreza estructural severa) y al 46,2% del sector “bajo” (hogares pobres). En la clase media empobrecida —definida como “medio”— la afectación alcanzó al 23,3%, un aumento respecto del 22,8% registrado en 2023 y del 21,7% durante el año de la pandemia. En tanto, en el sector “medio-alto” —compuesto por hogares con adultos con estudios secundarios completos o superiores y empleos calificados— la inseguridad alimentaria afectó al 5,9%, duplicando el 2,8% registrado el año anterior.

Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia y autora del informe junto a Valentina González Sisto, explicó que la mayoría de estos hogares cuentan con empleos informales y estables, con jornadas de 8 o 9 horas diarias, pero sin cobertura de obra social ni acceso a actualizaciones salariales acordadas por los gremios. “Los adultos tienen trabajo, pero no así derechos laborales. Eso impacta directamente en el acceso a una alimentación adecuada”, señaló.

Además, destacó que las familias de clase media empobrecida “se vieron obligadas a reconfigurar su sistema de gastos” para sostener ciertos servicios esenciales, lo que llevó a una caída en la calidad y cantidad de los alimentos que consumen los más chicos.

Del 35,5% de niños y adolescentes que padecieron inseguridad alimentaria en 2024, el 16,5% llegó a experimentar hambre por falta de alimentos. Esta forma más severa de privación afectó al 38,8% de los chicos del estrato más bajo; al 21,2% del sector bajo; al 6,6% de la clase media empobrecida; y fue prácticamente inexistente en los sectores medios-altos.

En la clase media, lo que predomina es la inseguridad alimentaria moderada, caracterizada no tanto por el hambre, sino por la pérdida de calidad nutricional. “No pasan hambre, pero sí consumen menos carnes magras, menos lácteos y más alimentos con grasas y carbohidratos”, explicó Tuñón. La consecuencia directa, advirtió, es el aumento de la obesidad infantil, que ya afecta al 40% de los niños y niñas del país.

A pesar de la desaceleración inflacionaria registrada en el primer semestre de 2025, que cerró con un 15,1%, Tuñón es cauta respecto a una mejora en los niveles de nutrición. “Tengo la sensación de que lo que consuman seguirá siendo una variable de ajuste”, señaló. Y concluyó: “El desempleo creció levemente y se esperan nuevos aumentos en tarifas de servicios. Estas familias van a hacer todo lo posible por mantener la obra social y la escolaridad privada, aunque eso implique seguir resignando calidad alimentaria”.

El informe pone en evidencia un problema estructural que se agrava en contextos de crisis, y subraya la necesidad urgente de políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada para toda la infancia argentina.

Fuente: La Nación